Por unanimidad, la sala de la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado a segundo trámite legal el proyecto que tipifica y sanciona el delito de corrupción entre privados, lo que fue calificado por la ministra de Justicia, Javiera Blanco, como un avance "histórico" al incorporar en el Código Penal la descripción y persecución de este tipo de ilícitos.
La normativa -que modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios- eleva penas y tipifica los delitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus cargos como fraude y exacciones, cohecho y cohecho de empleado público extranjero. Además, se introducen tres nuevos delitos: el cohecho de particulares, la corrupción entre privados y la administración desleal.
En esa línea, la titular de Justicia destacó que los objetivos de este proyecto tienen que ver con "establecer y restablecer las confianzas en las instituciones públicas y privadas en garantizar el correcto ejercicio de la función pública (...) pero también en mejorar el entorno en que se desarrollan las relaciones comerciales entre los particulares”.
Puntualmente, precisó Blanco, se adecua el delito de cohecho de empleado público extranjero a los estándares que hoy se han ido imponiendo en el contexto de la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
Asimismo, explicó, en el ámbito de las relaciones privadas se incorporan por primera vez a nuestra legislación nuevas figuras penales: cohecho a particulares y corrupción entre privados.
Cohecho a particulares
Tiene como propósito equiparar el ejercicio arbitrario de funciones de empleados públicos cuando se trata de ciertas actividades económicas desarrolladas por privados orientadas a la provisión de bienes públicos. Es decir, se busca sancionar la conducta, ya sea que esta se realice en el ámbito público o privado. Por ejemplo, pagar por recibir antes una hora en un hospital o en una clínica.
Corrupción entre privados
En este caso, se busca evitar que la "coima" sea un medio legítimo de competencia en el mercado. Los casos paradigmáticos son aquellos en que un actor de la competencia le paga a los empleados del potencial adquirente para que los prefiera sobre otros competidores, como podría pasar entre un proveedor de determinado producto y un empleado de un supermercado.
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