Uno de los dolores de cabeza recurrentes para los inversionistas en los últimos años ha sido la falta de certeza jurídica. Dicha falencia ha llevado incluso a que más de una compañía decida abandonar proyectos emblemáticos, cubriendo con un manto de dudas el desarrollo futuro de iniciativas adicionales de inversión en el país.
Justamente, ante ese diagnóstico, el Ministerio de Economía prepara una nueva modificación legal para dar mayor seguridad y además alivianar la carga burocrática a nivel estatal, reduciendo los tiempos de tramitación de proyectos y simplificando los procesos.
Se trata del proyecto denominado pro inversión II, el que se suma al primero de los articulados en la materia, cuya tramitación avanza en el Senado, y ya cuenta con aprobación general por parte de la Cámara Alta.
Sin embargo, desde el Ejecutivo comentan que el envío de la nueva iniciativa legal se hará una vez aprobado el proyecto pro inversión I, lo que se estima ocurriría a fines del primer semeste.
Se espera que esta materia sea abordada hoy por el ministro de Economía, José Ramón Valente, en un encuentro que sostendrá con destacados economistas, como el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, entre otros.
Ejes principales
La segunda parte legislativa de la agenda que busca promover la inversión en Chile contempla algunas medidas específicas para consagrar principios legales, como la confianza legítima, una base sobre la cual el marco jurídico establece la presunción de buena fe entre el Estado y las compañías.
Para Winston Alburquenque, socio VGC Abogados, dicho principio significa que cuando tú confías en la autoridad para invertir, la autoridad tiene que responder a esa confianza".
Fernando Garrido, abogado Barros & Errázuriz, agrega que ese principio ya cuenta con "plena aplicación por regla general" y asegura que la incertidumbre se genera con "los recursos extraordinarios que están fuera de la tramitación propia de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y eso va minando un proyecto".
Ante esto, el proyecto del Gobierno buscará limitar la facultad de interpretación con efectos retroactivos negativos por parte de la autoridad frente a situaciones jurídicas consolidadas, es decir, ante permisos ya aprobados.
La iniciativa también contempla facilitar la modernización e implementación de mejoras tecnológicas en los proyectos, agilizando dichos trámites. Además, se consideran medidas para reconocer los gastos asociados a la tramitación de proyectos.
El proyecto, además, busca rebajar la burocracia, eliminando permisos duplicados. Estas medidas abarcan permisos de múltiples servicios sectoriales y beneficiarán en mayor medida el desarrollo de proyectos mineros, energéticos y forestales.
Finalmente, se busca clarificar criterios y procedimientos para el desarrollo de proyectos en áreas rurales y fronterizas, de tal forma de dar mayor certeza al desarrollo de proyectos silvoagropecuarios tanto de menor como de mayor escala.
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