A mediados de marzo MOP presentará a la presidencia plan hídrico global

Andrés Pozo B.




De forma silenciosa se trabaja en el Ministerio de Obras Públicas en una de los objetivos encomendados por el presidente Piñera tras asumir en marzo: la confección de una reforma hídrica global para aprovechar de mejor manera la utilización del agua, en especial en medio de la sequía.

Fuentes de la cartera confirman que a mediados de marzo, Obras Públicas le presentará a Piñera un conjunto de propuestas que apuntan en esta línea. El espectro es amplio, pero apunta desde temas de educación, incentivos para empresas que apliquen mejoras tecnológicas que permitan usar el agua de forma más eficiente y la reutilización del agua.

Especial importancia tendrá este último punto. Según expertos, actualmente en el país sólo se reutiliza el 0,007% de las aguas servidas e industriales. En comparación, Israel reutiliza el 72% y España un 12%. En este punto, el ministerio trabaja junto a las sanitarias a través de la Superintendencia del ramo.




Ministerio coordinador


El rol protagónico que asumió el MOP en la elaboración de este plan, implicará que actúe como coordinador de otros ministerios y organismos públicos en la confección de las propuestas. Así, Obras Públicas coordinará a Energía y Agricultura.

De central importancia será el trabajo que realice el titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Matías Desmadryl. 
El profesional fue una de las autoridades que hace unos días dio a conocer -junto a la subsecretaria Loreto Silva- del plan de embalses del gobierno, que busca aumentar en 20% la capacidad de almacenaje en el país.

Dentro de los ejes de su plan de Política de Recursos Hídricos, se buscará fortalecer la institución, mejorar la gestión, mejorar y potenciar el Catastro Público de Aguas, incentivar la creación de nuevas fuentes de agua -con plantas desalinizadoras y recargas artificiales de acuíferos, por ejemplo-, y mejorar la fiscalización.

Sobre este último punto, el ministerio está afinando un proyecto de ley para aumentar las potestades fiscalizadoras a la DGA, en temas como la extracción ilegal de agua.