En Chile existen 22 mil antenas que son utilizadas para el uso de conexiones de internet y voz móvil, infraestructura que hace posible que se pueda navegar en los smartphone o hacer llamados en la mayor parte del territorio nacional.
El desarrollo de la tecnología ha hecho que las antenas, de estaciones base y repetidoras de señales, hoy sean parte fundamental del engranaje de la tecnología 3G y 4G que ya suman más de 12 millones de usuarios a nivel nacional.
Pero este desarrollo no ha sido fácil. La instalación de estas infraestructuras ha causado la molestia de los vecinos, una dificultad creciente para llegar a zonas residenciales, que además son las áreas que más demanda tienen, dado el alto nivel de uso de las conexiones y la falta de terrenos disponibles.
Actualmente existes 14 modificaciones, desde 2014, de ley que regula estos temas, las que buscan de una u otra manera, normar la instalación de este tipo de antenas en zonas urbanas.
El escenario se prevé complejo de cara al desarrollo de 5G que se dará a partir de 2020, donde se necesitará al menos triplicar esta red de antenas. Esto, debido a que las conexiones de 5G estarán destinadas principalmente para el desarrollo del internet de las cosas, lo que exige alta demanda de transmisión de datos y baja latencia, es decir el retraso de la conexión deberá ser imperceptible para el usuario.
Esto significa que el desarrollo de 5G necesitará al menos 60 mil antenas y se estima que su desarrollo requerirá al menos US$ 4.000 millones en inversión.
Esta nueva disyuntiva ha puesto entre las prioridades de la Subsecretaria de Telecomunicaciones la flexibilización de la instalación de antenas, dado que sin ello no será posible el desarrollo de 5G.
Para eso la autoridad ya está trabajando en dos áreas. Una que tiene que ver con la educación de los distintos actores del Estado para hacer ver la importancia de estas instalaciones. A lo que se sumará, posteriormente, un proyecto de ley que busca hacer más expedita la normativa y facilitar su instalación, dado además que los nuevos equipos son más amigables con el entorno visualmente.
Dentro de esto, se contempla impulsar el uso eficiente de las antenas, con el fin compartir infraestructura bajo un sistema de colocalización, es decir que las empresas se puedan abrir a compartir torres para así eficientar su uso en zonas urbanas.
El economista y experto en libre competencia, Aldo González, señaló en el marco del coloquio “Conflictos regulatorios en telecomunicaciones” de la Universidad de Chile, que es necesario resolver esto, ya que es una barrera de entrada para nuevos actores.
“La barrera de entrada no es solamente el espectro, es el espectro más toda la red de telecomunicaciones, donde quizás el insumo más difícil en este momento son los sitios para poder tener antenas. Para las primeras empresas fue más fácil, hoy es más difícil, especialmente en zonas residenciales, por la oposición de los vecinos y eso hace que ese insumo sea escaso, valioso y le da una ventaja natural a las empresas establecidas. Para el Estado es difícil que llegar y obligar a compartirla”, aseguró.
Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones.
Gidi oficia a operadoras para ver cómo cumplirán fallo de la Corte
Un plazo de 15 días hábiles dio la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, a las empresas operadoras para que elijan qué banda devolverán en el marco del cumplimiento de la fallo de la Corte Suprema, donde se estableció un límite de 60 MHz por empresas en bandas y obligó a las compañías a devolver la cantidad de espectro asignado en el concurso de la banda 700 Mhz, o también conocida como 4G.
Gidi envió un oficio donde solicitó a las empresas que determinaran qué tipo de espectro van a devolver y el plan para cumplir con la determinación judicial.
"Se pide a la requerida que informe cuál será la determinación que dé cuenta de la elección de la banda que optó por enajenar indicando el plan de cumplimiento", cita el oficio enviado a las empresas.
Así las empresas tendrán hasta la próxima semana para entregar sus propuestas de devolución de espectro.
En tanto, este viernes se cumple el plazo para que las compañías también entreguen sus propuestas relacionadas a la cantidad de espectro necesario para poder operar. Esto en el marco de la consulta que el gobierno realizará ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) para aumentar el límite que determinó la Corte Suprema en su fallo.
Ambas propuestas, que deberán entregar las empresas serán clave para la determinación de uso eficiente que está elaborando la autoridad, incentivando el aumento de la competencia en el sector. Trascendió que la autoridad ya contrató a un economista y un abogado para asesorarlos en este proceso.
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