A estas alturas nadie desconoce el aporte de la migración al país, y en medio de la polémica expulsión de medio centenar de inmigrantes colombianos con antecedentes penales, Diario Financiero conoció la propuesta de cinco estudios jurídicos y una consultora que, bajo el alero de la Fundación Pro Bono, se unieron al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) para plantear modificaciones al proyecto de ley presentado en abril por el gobierno, donde justamente uno de los puntos relevantes se refiere al “debido proceso”.
PPU, Albagli Zaliasnik, Morales & Besa, Rivadeneira Colombara Zegers y Barros & Errázuriz junto a PwC entregaron a la Cámara de Diputados un documento con 24 propuestas de modificación a la iniciativa del ejecutivo, basados –según comentaron- en los “más altos estándares en derechos humanos y derecho comparado”.
Cerca de cinco meses trabajaron en una mesa conformada por 16 abogados, teniendo como eje una ley con un enfoque de derecho donde todas las garantías estuviesen presentes, explicó el director del SJM, Pablo Valenzuela.
Por el lado de la Fundación Pro Bono, su directora ejecutiva Carolina Contreras manifestó que decidieron colaborar con el SJM en esta tarea, ya que a su juicio “se requieren de leyes robustas que garanticen los derechos fundamentales de todas las personas que llegan buscando una mejor oportunidad de vida”. agregó.
¿Cuáles son los ajustes?
Vivienda: Hoy el proyecto de ley no presenta ningún artículo que se refiera a esta materia y teniendo en consideración la precaria habitabilidad en la que viven en Chile, el texto propone un reconocimiento a la vivienda digna para toda persona migrante, a través de la creación de programas de solución habitacional en igualdad de condiciones a los chilenos.
Seguridad Social: En este punto, mientras el proyecto de ley establece la entrega de beneficios de seguridad social con completo cargo a recursos fiscales a extranjeros en situación regular que lleven viviendo en Chile de forma continua por 2 años, este grupo de abogados propone que, dado que los extranjeros cotizan de la misma forma que un chileno, éstos tengan acceso en forma igualitaria a los beneficios sociales sin establecerse que deban encontrarse viviendo en Chile por algún plazo mínimo.
Educación: Si bien la educación básica y media es garantizada para menores de edad sin importar condición migratoria de sus padres en el proyecto de ley, el documento presentado por Pro Bono y SJM plantea además ampliarlo a las personas que tengan a su cuidado al menor, quienes muchas veces no son necesariamente los padres.
Salud: La iniciativa de gobierno establece el acceso a la salud a personas en situación irregular previo cumplimiento de requisitos determinados por el Ministerio de Salud y sólo garantiza la atención en casos específicos como la urgencia, embarazo y menores de edad. La propuesta de Pro Bono y SJM pide la eliminación de requisitos para toda atención en el servicio público.
Debido Proceso: En este punto, ambas instituciones plantean que es necesario que los procedimientos de obtención de visas, de establecimiento y levantamiento de sanciones y que los recursos que se puedan establecer ante la transgresión de sus derechos, entre otras disposiciones, se encuentren consagradas en la ley debiendo ser respetadas por la autoridad correspondiente.
Proceso de expulsión: Aquí el proyecto de ley establece ampliar el plazo de reclamación frente a una expulsión de un plazo de 24 horas a un plazo de 48 horas. Ante esto ambas fundaciones propone nla ampliación a 10 días a modo de proporcionar un tiempo adecuado para revisar el caso dentro del marco de un debido proceso, consigna el texto.
Obtención de visa: Fundación Pro Bono y SJM proponen mantener el procedimiento vigente para el cambio de categoría migratoria estando dentro de Chile, estableciéndose una visa que permita lo anterior, en contraste con el proyecto que obliga a cambiar la categoría sólo en el consulado chileno en el país de origen de la persona migrante. Esta última exigencia que conlleva un costo económico, familiar y político también implicará un aumento de la irregularidad de la migración, aseguran. Asimismo, el texto propone no aplicar diferenciación de visado entre trabajadores dependientes y temporeros.
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