Malas noticias para Alsacia y Express de Santiago Uno y también para un no exento de problemas Transantiago.
Esto porque la firma de capitales colombianos y mayor operadora del sistema de transporte capitalino, solicitó hoy en la mañana la reorganización judicial para evitar el proceso de quiebra, tal como lo hizo Subus, otra de las mayores operadoras del Transantiago.
A través de un comunicado explicaron que "el objeto de este procedimiento, es presentar una propuesta de reestructuración de activos y pasivos a sus acreedores, tendiente a regularizar y optimizar los recursos financieros de las empresas".
Pese a los múltiples inconvenientes que afrontó la firma controlada por GPS, se resistía a acogerse a un programa de reestructuración tal como lo hizo Subus, también de capitales colombianos.
El motivo de esto es que a pesar de la delicada situación financiera, la compañía no ponía en riesgo la operación del servicio, a diferencia de lo que habría ocurrido con Subus, que tenía una prelación de pagos a sus deudores, es decir que, una vez que la empresa recibe ingresos, eran los acreedores los primeros en ser enterados para luego financiar los gastos de operación.
En el caso de Alsacia esto no fue así, por lo que su operación no estaba en riesgo. Sin embargo esta razón ya no sería suficiente ya que la compañía contrató al abogado de quiebras Esteban García Nadal para que solicite la reorganización judicial, con pasivos que en el caso sólo de los bonistas alcanzan a los US$ 360 millones.
"Esperamos que a través de esta reorganización judicial, Inversiones Alsacia S.A. y Express de Santiago Uno S.A., logren reestructurar sus pasivos, de manera de priorizar la continuidad del servicio de transporte público de pasajeros", expusieron.
Peros al gobierno
En el documento Inversiones Alsaciay Express de Santiago Uno expusieron que le han solicitado formalmente en varias instancias al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, adoptar medidas urgentes para restablecer el equilibrio económico de sus concesiones
Esta situación, según expusieron, se ha visto agravada por las últimas medidas adoptadas por el Ministerio, tras el quite ilegal de varios servicios de ambas empresas, "lo que agudizó el crítico estado de viabilidad económica de la prestación del servicio concesionado".
Por otra parte, recordaron que durante 2016 los accionistas presentaron a la presidenta, Michelle Bachelet, un "Notice of Intent", a fin de que se iniciase un periodo de consultas amistosas previo a la eventual interposición de una demanda arbitral internacional. "Durante este proceso, los personeros designados por el Gobierno, no manifestaron interés de explorar soluciones a los profundos problemas que se han planteado en nuestras solicitudes. Esto sólo confirma la falta de voluntad del Ministerio por superar la presente situación de asfixia económica y operacional de las empresas, que se ha generado por las acciones y omisiones de las autoridades", criticaron.
Operación complicada
La situación crítica de la empresa se comenzó tras haber renegociado los contratos con el gobierno en 2012, los que cambiaron la forma en que se componen los ingresos de las operadoras, los que pasaron a ser en una mayor proporción como variables (70% y el resto fijo), dado que se incorporaron los indicadores de servicio, en los cuales tanto Alsacia como Subus están en zona crítica.
De hecho, en 2015 estuvo afecto a descuentos por unos $ 4 mil millones.
Tras eso, una serie de inconvenientes: fue afectada por al menos una reorganización de recorrido y el año pasado no cumplió con el pago de una de la cuarta cuota de sus bonos internacionales, por cerca de US$ 9,3 millones.
Alsacia tiene una operación de más de 30 servicios y una flota de 750 buses. En 2015, Inversiones Alsacia tuvo ingresos por US$ 123,6 millones, una baja de 6% frente a 2014.
Del mismo modo, profundizó sus pérdidas desde $ 19.280 millones en 2014 a $ 48.462 millones en 2015, según informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
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