“¿Hasta cuándo va a tener el fideicomiso ciego?”. Ésta es una de las preguntas del cuestionario que será enviado por la comisión investigadora Soquimich de la Cámara de Diputados, al ex presidente de la República, Sebastián Piñera. Y el asunto no es menor, considerando que esta fórmula de administración fue una de las decisiones que tomó el entonces candidato a La Moneda en 2009, para así evitar cuestionamientos por un eventual conflicto de interés entre sus roles de empresario y de quien ejerce la primera magistratura.
Esto implicó la entrega voluntaria -ya que no prosperó la idea de legislar al respecto- a LarrainVial, Celfin Capital (hoy BTG Pactual), Moneda y Bice, de unos US$ 400 millones, bajo la figura de “fideicomiso ciego” (transferencia de administración de patrimonio a un tercero).
Y una vez finalizado su mandato, el destino que tendrían dichos fondos volvió a la palestra, especialmente después de que el controlador indirecto de SQM, Julio Ponce Lerou, señalara a comienzos de este año que si Piñera no fuera presidente, “no existiría el caso Cascadas”, haciendo referencia a las inversiones que éste mantendría tanto en las sociedades “aguas arriba”, como también directamente en la minera no metálica.
La primera decisión que tomó el comité ejecutivo de Bancard -denominado “family office” del ex mandatario- y que está integrado por José Cox, Fernando Barros, Sebastián Piñera M., Javier Cavagnaro y Nicolás Noguera, a fines de abril, fue mantener la modalidad por “al menos seis meses”, plazo que estaría próximo a cumplirse. Y según trascendió, la fórmula de una administración “ciega” se mantendría por un período más largo de tiempo.
Las razones que justificarían
esta determinación son varias.
Una de ellas es que Sebastián Piñera habría decidido mantener su rol público, lo que no sería considerado compatible con el manejo directo de sus inversiones. De hecho, según fuentes que conocen las conversaciones, “a mediados del próximo año” se conformaría una mesa de trabajo para definir la estrategia con la que podría alcanzar nuevamente un cargo público de relevancia.
Por otro lado, también pesa el hecho de que “continuar con el fideicomiso es muy sencillo, basta una firma”, explicó un ejecutivo.
Sin embargo, a pesar de que el comité ejecutivo aún no se ha reunido y tomado la decisión formalmente, sí existen versiones que señalan que lo más seguro es que se mantenga.
¿Cambio en corredoras?
Y mientras ya existe cierta claridad respecto a que se mantendría el fideicomiso, donde aún no habría una decisión tomada sería en la mantención de los actuales cuatro administradores.
De hecho, una vez que estalló el caso Cascadas y la corredora de bolsa de LarrainVial
recibió la formulación de
cargos por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), comenzaron a circular las versiones tendientes a que ésta sería reemplazada.
Según comenta un ejecutivo, aunque reconoce que nunca se tuvo convicción respecto a la distribución inicial de los cerca de US$ 400 millones, se estimaba que el monto había sido repartido en partes iguales, es decir 25% para cada administradora.
En este plano, sin embargo, una fuente cercana a LarrainVial afirma que el porcentaje que esta firma maneja no es relevante, y que bordea sólo el 5%.
En todo caso, si el comité de Bancard decidiera el cambio de alguna de las entidades, esto debiera ser notificado con un tiempo “prudente”, lo que de momento no ha sucedido con ninguna.
Los criterios de inversión
"La decisión que, voluntariamente, ha tomado Sebastián Piñera es la primera vez que se adopta en la política chilena" señalaba un comunicado del comando del entonces candidato presidencial en abril 2009, cuando anunció la constitución de los mandatos. En dichos contratos, se incluían tres criterios principales de inversión:
El primero es vender -y no adquirir- acciones de empresas concesionarias u operadoras de servicios públicos cuyos precios se encuentren regulados por el Estado, así como institucionales de salud previsional y AFP.
También se contempla no adquirir más del 2,49% del total de acciones de una empresa determinada, para asegurar que el mandante tendrá siempre una posición minoritaria, desvinculada de toda responsabilidad en la administración.
Finalmente, se decidió mantener permanentemente a lo menos el 50% de los recursos de la cartera invertidos en Chile.
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