Diez años es el máximo que contempla la legislación brasileña para la vigencia de una salvaguardia, lapso que complicaría a la industria nacional si es que avanza la iniciativa -de un conjunto de agrupaciones de ese país- de imponer dicha medida a las importaciones de vino fino o de mesa.
Alvaro Jana, socio de Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados, a cargo del área de libre competencia y comercio internacional, explica que en Brasil se ha incorporado la máxima vigente permitida por el Acuerdo de Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto quiere decir que puede extenderse “hasta por un período inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro años”. Pero, “en dicho país, se puede prolongar otros dos años más, porque se lo considera ‘en desarrollo’, por lo que hace uso de una prorrogativa que da la OMC para ello”.
Cabe señalar que las autoridadades brasileñas fijaron un período de 40 días para que las partes interesadas se hagan parte del proceso y entreguen sus argumentos. “En base a mi experiencia, una intervención oportuna e informada puede marcar la diferencia sobre los resultados de la investigación, sobretodo si esa intervención se hace de manera coordinada con el gobierno, que tiene derecho de hacerse parte”, aseguró Jana.
¿Las opciones? De acuerdo al abogado, “se puede solicitar que Chile, como origen sea excluido de la salvaguardia brasileña, o incluido en la investigación”.
En todo caso, “si se llega a aplicar una medida provisional, sin necesidad de que ésta sea definitiva, Chile como gobierno puede activar el mecanismo de solución de controversias de la OMC y formalizar una solicitud de consulta respecto de Brasil”. Si ello no prospera de manera satisfactoria, aún se puede “pedir que se establezca un panel en la OMC que lleve adelante un caso en contra de Brasil. Eso demora más de un año aunque, debiera ser parte de la estrategia de un gobierno que quiera llevar a otro a un punto en el cual le resulte más conveniente levantar la salvaguardia respecto a Chile o aplicarla por menos tiempo”.
Finalmente, otra de las opciones es “estudiar impugnar la medida localmente en Brasil, en el caso que sea contrario a la legislación de ese país y de la OMC.
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