El fondo de inversión norteamericano Cartica, controlador de cerca del 3% de las acciones de CorpBanca, no cesa en sus esfuerzos por frenar la fusión entre la entidad local e Itaú. Y si ya en EEUU la Corte del Distrito Sur de Nueva York no acogió la demanda presentada por el vehículo de inversión que buscaba paralizar la operación, al parecer las gestiones seguirán en Chile.
Por ello, envió una carta a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en la que le solicita una respuesta al requerimiento del pasado 28 de agosto para revisar el premio por control que estaría recibiendo CorpGroup, como resultado de la operación.
En el documento, el accionista minoritario entregó también al regulador un informe elaborado por el estudio Alessandri Abogados, el cual, según Cartica, refuta el estudio realizado por el Centro de Gobierno Corporativo y Mercado de Capitales de la U. de Chile (CGCUCh).
Según el fondo norteamericano, este nuevo antecedente deja constancia de “las graves deficiencias, errores y omisiones” contenidos en el documento del CGCUCh y, en especial, a la “equivocada interpretación de los beneficios que CorpGroup recibirá de Itaú a cambio de la entrega del control del banco fusionado”.
Cartica indica que el informe en cuestión incorpora una línea argumentativa “sólo con el objeto de justificar los bajos costos financieros que tiene el crédito otorgado a CorpGroup (por hasta US$ 1.200 millones), sin analizar las condiciones que estarían presentes en un escenario sin fusión”. En dicho contexto -añade- claramente el costo financiero de la línea de crédito será menor o similar al prevaleciente en el mercado, porque el riesgo del acreedor también será menor, pues las acciones de CorpBanca prendadas en favor de Itaú, finalmente pasarán a ser acciones del fusionado y por consiguiente, pertenecerán a una entidad controlada por el grupo acreedor”.
Por otro lado, los integrantes del CGUCh, Dieter Linneberg, Mauricio Jara y Salvador Zurita, reaccionaron a través de un comunicado reafirmando los puntos contenidos en su informe, destacando varios errores que, a su juicio, habría cometido Alessandri Abogados en su análisis (como la “manifiesta ignorancia de las transacciones bursátiles”), y reafirmando observaciones tales como que la línea de crédito otorgada por Itaú fue a precio de mercado, y que ellos efectivamente realizaron un análisis que concluyó que la transacción no gatilla la realización de una OPA.
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