Una nueva arremetida realizó el Colegio de Tecnólogos Médicos en su objetivo para derogar un reciente decreto que faculta a auxiliares paramédicos a tomar exámenes ya que, en su opinión, carecen de los conocimientos y calificaciones suficientes para ejecutarlos.
Debido a ello, la entidad presidida por Corina Farfán Reyes, presentó un recurso de amparo económico en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, y la ministra de Salud, Carmen Castillo.
"El reglamento contra el cual se recurre (vigente desde enero de 2017), modificó la regulación de las profesiones auxiliares de la medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, autorizando, en abierta contravención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Sanitario, que auxiliares ejecuten de forma directa técnicas y procedimientos con pacientes, en circunstancias que de conformidad con el referido artículo 112 del Código del Ramo, dichas actividades se encuentran reservadas para profesionales que cuenten con un título universitario", dice la acción judicial.
Se destaca que el artículo 19 No 21 de la Constitución, reconoce a todas las personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, siempre que se respeten las normas legales que la regulen.
"Pues bien, tratándose del ejercicio de las actividades relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, el Código Sanitario dispuso, en su artículo 112, que tales actividades solo podrán ser desempeñadas por quienes posean el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile u otra Universidad reconocida por el Estado y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones", dice la presentación del colegio profesional.
Y se añade: "Como puede verse, el reglamento impugnado es ilegal por contravenir de manera expresa el tenor del artículo 112 del Código Sanitario y, en consecuencia, infringe la garantía consagrada en el inciso primero del artículo 19 No 21 de la Constitución, por cuanto promueve el desarrollo de una actividad económica, en condiciones diversas a aquellas comprendidas en la regulación legal aplicable, al permitir el ejercicio de las actividades propias de la competencia de profesionales universitarios del área de la salud, por personas que no cuentan con título universitario".
A juicio del Colegio de Tecnólogos Médicos, tal circunstancia "constituye además un serio riesgo" para los usuarios y funcionarios de los servicios de salud en que se practiquen procedimientos propios de la competencia de profesionales universitarios, con especialidad en radiología, pero ejecutados directamente por auxiliares paramédicos.
"Al mismo tiempo, la ilegalidad del Decreto impugnado constituye un serio atentado al orden público económico, por infringir las normas legales que regulan las actividades económicas propias de la actividad de los profesionales de la salud, dando lugar a despidos o la no contratación de tecnólogos médicos en los servicios de salud, siendo reemplazados en sus funciones por auxiliares paramédicos", dice el escrito presentado a la Corte de Apelaciones de Santiago.
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