Ayer fue una de las sesiones más trascendentes de la comisión investigadora del Caso Cascadas. Esto no porque finalmente haya asistido alguno de los citados -la mayoría se excusó o respondió por carta-, sino porque se votaban dos informes que luego pasarán a la sala.
Los documentos contenían las conclusiones a las que llegaron los diputados tras examinar el caso y conducir una serie de entrevistas.
El primero de ellos fue elaborado por Fuad Chahín, presidente de la instancia, y por los representantes de la Alianza, Nicolás Monckeberg, Patricio Melero, Gustavo Hasbún, Alejandro Santana y Felipe Ward.
Y finalmente fue el informe de Chahín el que fue aprobado de forma completa por sus pares, mientras que se decidió no incorporar al texto ninguna de las observaciones que contenía el documento de los diputados de la Alianza.
Se espera que en enero próximo la Cámara de Diputados tome una decisión respecto al documento, y luego los pasos que se podrían seguir relacionados al caso Cascadas y la eventual participación de autoridades en él.
El informe propuesto por Fuad Chahín: "No es posible (...) determinar con absoluta certeza si Sebastián Piñera cumplió o no con su deber público de abstención"
El rol de Piñera: El foco de la investigación de la Comisión era fiscalizar si el ex presidente Sebastián Piñera, u otro funcionario de su gobierno, tuvo algún grado de participación dentro del llamado Caso Cascadas. En el reporte preparado por el presidente de la instancia, el diputado Fuad Chahín, se señala que tras el trabajo de la comisión, "no es posible (...) determinar con absoluta certeza si el Sr. Sebastián Piñera E. cumplió o no con su deber público de abstención de involucrarse en negocios privados de su interés en su calidad de Presidente de la República a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados".
El informe hace referencia a una supuesta conversación entre Piñera y el abogado Darío Calderón en la que habrían tratado el Caso Cascadas, e indica que "mediante el cuestionario remitido al ex presidente (...), la Comisión le preguntó directamente por la antes señalada conversación con Darío Calderón en un evento social, lo que NO (sic) fue desmentido".
Otras recomendaciones: "Parece razonable tomar mayores resguardos a la hora de utilizar figuras del derecho privado, como el fideicomiso ciego, en materias de índole público, para lidiar con potenciales conflictos de interés entre la esfera privada del ciudadano y la función pública que ejerce. Es deber del Estado proteger dicha función pública de forma tal de caucionar de la manera más estricta posible dicha dualidad".
Qué hacer con las OD: "No existe consenso sobre si las operaciones directas (OD) de carácter automático, sin difusión (...) debiesen mantenerse vigentes como opción de una transacción bursátil (...) parece razonable estudiar la viabilidad de mantener, perfeccionar o prohibir este mecanismo transaccional a objeto de evitar futuros usos maliciosos del mismo".
Comisión de Valores: El reporte también aborda la modernización de la SVS, y avanzar hacia una Comisión de Valores indicando que, "sin perjuicio que la institucionalidad vigente ha funcionado en general de manera correcta, a juicio de esta comisión, por el hecho de concentrar toda la autoridad y atribuciones en un Superintendente de Valores y Seguros, propicia potenciales comportamientos discrecionales o parciales por parte de esta autoridad unipersonal, como asimismo, potenciales interferencias y/o presiones políticas sobre dicho regulador".
Las conclusiones de los diputados de la Alianza: "No hubo autoridad política alguna que realizara gestiones ante la SVS conducentes a influir en la investigación"
El rol de Piñera: Sin hacer alusiones directas, el informe de los diputados de la Alianza concluye que "ha quedado fehacientemente acreditado, mediante los diversos antecedentes expuestos ante esta Comisión, así como de las declaraciones emanadas por los diferentes invitados a esta instancia, que no hubo autoridad política alguna que realizara gestiones ante la Superintendencia de Valores y Seguros conducentes a influir en la investigación realizada por este servicio respecto del caso de Sociedades Cascadas". Además, agrega que "a la fecha no se han aportado a esta comisión antecedente alguno que acredite la participación culpable de ex funcionarios de gobierno".
"Se ha podido concluir que las acusaciones realizadas por el señor Julio Ponce Lerou, sus abogados y los directores representantes de sus intereses en las sociedades Cascadas, respondían a una estrategia judicial y comunicacional destinada a retrasar la investigación que llevaba adelante la Superintendencia de Valores y Seguros", dice el reporte.
Responsabilidad de los privados: A diferencia del informe de Chahín, que no se hace responsable de las investigaciones a los privados, el reporte de la alianza señala que "queda en evidencia el modus operandi de Julio Ponce Lerou –presidente de las sociedades cascada- y de personas cercanas a él que formaban parte de esta fórmula a través de sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales. Durante las sesiones que celebró esta comisión, no se aportó antecedente alguno que contradijera la investigación de la SVS (...). Esta comisión hace suyas las conclusiones plasmadas en la formulación de cargos de la SVS, por cuanto no han sido objetadas suficientemente ni en esta instancia fiscalizadora ni en los procesos administrativos.".
Propuesta para prohibir la negociación en la rueda: "Esta medida busca aumentar la competencia mediante el uso exclusivo de mecanismos electrónicos, sino además restringir las operaciones directas, que del mérito de la investigación resultan cuestionables, particularmente aquellas automáticas –aquellas donde el corredor opera como comprador y vendedor de un valor simultáneamente, para si o para sus clientes- las que definitivamente deberían eliminarse".
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