“¿Se hubiera podido prevenir el caso Cascadas con un programa de compliance adecuado?, yo creo que sí”. De este modo, Susana Sierra, gerente comercial de BH Compliance, y co-jefa del diploma de buenas prácticas corporativas de la U. Católica, describe parte del “poder” del compliance, o cumplimiento empresarial del marco normativo, legal o interno “a través de la gestión de estrategias corporativas que permitan, entre otras cosas, evitar sanciones administrativas, civiles, penales y sociales”.
En nuestro país, el desarrollo del compliance se ha enmarcado, en buena medida, en los modelos de prevención de delitos de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (20.393, del año 2009). “Esta ley está incendiando a las empresas en autorregulación”, afirma Sierra. Rodrigo Reyes, director jurídico de Prelafit Compliance, estima que los modelos que buscan evitar (dada la ley) los delitos de cohecho, financiamiento al terrorismo y lavado de dinero “ya han sido diseñados e implementados en la mayoría de las empresas más importantes”. A diciembre de 2013 (según información divulgada en marzo de 2014), las entidades certificadoras de esquemas de prevención de delitos habían informado 367 modelos certificados. De momento, Prelafit y BH son las certificadoras más activas, con 105 y 118 modelos cada una, luego ICR, con 63 y Feller Rate, con 54. En la SVS existen 19 empresas inscritas para dicho fin, de las cuales 8 han emitido certificados.
Pero el tema trasciende la responsabilidad penal. Para Dieter Linneberg, director del centro de gobierno corporativo de la U. de Chile, “nunca el clima de negocios había sido tan complejo. En Chile hay un antes y un después del caso La Polar”, indica. Así, esta disciplina “diferenciará a las empresas que crean mayor valor de las que no”.
Álvaro Clarke, presidente de ICR, sostiene que Chile exhibe una importante brecha en el desarrollo de compliance frente a las naciones desarrolladas. Estas últimas –sostiene- cuentan con esquemas regulatorios más profundos, tendencia que se replicará en nuestro país. Complementa que el gran foco ahora son el consumidor (dado su empoderamiento), y la libre competencia, en especial dados los planes que tiene la autoridad al respecto.
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