Delta y Fernández Wood Constructora, son algunas de las empresas que en el último tiempo se han acogido a procedimientos concursales para reorganizar sus pasivos o liquidarlos bajo la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos (Nº 20.720).
A tres años de su promulgación, la tendencia que arrojan las cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que suman cerca de 5.000 solicitudes, da cuenta de una preferencia por los procesos de liquidación (tanto forzosa como voluntaria) antes que optar por reorganizar las acreencias, esto tanto a nivel de personas como empresas.
A pesar de ello, las cifras revelan que es mucho más eficiente (por la rapidez del proceso) acogerse a esta última opción. Así de un total de 2.177 personas que se inclinaron por la renegociación de sus pasivos, casi un 90% logró cerrar sus respectivos procedimientos concursales, mientras que de las 1.871 personas que se inclinaron por liquidar sus bienes, actualmente un 89% continúa con un proceso abierto o vigente.
La realidad a nivel de empresas es similar. Si vemos la evolución de las cifras desde octubre de 2014 (fecha en que se puso en marcha la ley) a marzo de este año, se observa que de los 111 procedimientos de reorganización iniciados, un 38% logró terminar en forma anticipada, mientras se mantiene vigente alrededor del 60%. En tanto, un 87,8% de las organizaciones que optaron por mecanismos de liquidación (1.211 en total) mantienen abiertos sus procesos y sólo un 12,2% de los que se acogieron a esta fórmula lograron terminarlo.
¿Dónde se concentran?
Como es evidente la Región Metropolitana es la zona del país donde se concentra la mayor cantidad de solicitudes de procedimiento concursal, con más del 50% de los casos que involucran a personas y más del 60% de las empresas. Luego, las regiones de Atacama y Biobío lideran en el resto de país en cuanto a los procesos de reordenamiento y liquidación de activos a nivel de personas naturales, mientras que en el caso de las corporaciones las regiones de Valparaíso y Biobío son las de mayor actividad a la hora de presentar una solicitud de procedimiento concursal.
Los desafíos de la ley
Según Esteban García (socio de García Magliona), la experiencia le dice que es necesario hacer algunos ajustes a la ley para “evitar el fraude y el abuso”, ya que muchas veces existe capacidad de pago pero se opta por no hacerlo. Además, asegura, es importante adoptar resguardos frente a temas que puedan ser constitutivos de un delito, como, transferencia de bienes, ocultamiento de bienes, entrega de información falsa, etc.
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