Nada bien han caído en el sector eléctrico las imputaciones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que, a principios de noviembre, presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una solicitud para regular los servicios asociados a la distribución eléctrica acusando falta de competencia.
Las distribuidoras han concurrido en masa ante el organismo para presentar antecedentes respecto del funcionamiento del mercado eléctrico y las prestaciones asociadas, señalando que éste se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE).
Es así que a las presentaciones de CGE y Chilectra se sumaron Saesa, Conafe y Edelmag (pertenecientes al grupo CGE) y otras cooperativas eléctricas de menor tamaño.
En el caso de Saesa, que atiende 739 mil clientes entre Bulnes hasta Villa O'Higgins, señaló que la presentación de la CChC no hace referencia a casos específicos que den cuenta de prácticas reñidas con la libre competencia, ni tampoco identifica a alguna concesionaria que incurra en ellas.
Asimismo, indica que los servicios a los que la cámara solicita se aplique regulación por parte del tribunal ya están considerados en la LGSE, tanto en plazos como en el nivel de exigencia técnica de los mismos.
Una opinión similar muestra Conafe, quien agrega que la presentación de la CChC es vaga en cuanto a la definición de los servicios asociados a la distribución de energía que pide normar.
El principal reclamo del gremio constructor apunta a los costos y tiempo que implica el diseño de proyectos eléctricos, la instalación de empalmes y alumbrado público, lo que afectaría los costos finales de los proyectos inmobiliarios, principalmente, de aquellos dirigidos a la clase media o a viviendas sociales.
La Asociación de Empresas Eléctricas, a través de su director ejecutivo Rodrigo Castillo, señaló al TDLC que el gremio, que agrupa a distribuidoras y transmisoras, ha desarrollado su accionar "con estricto apego a las normas de resguardo de la competencia", indicando que al interior de la asociación no se tratan temas de interés comercial de los asociados, sino "materias de carácter regulado y de interés nacional".
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