El anuncio del gobierno de enviar un veto al proyecto de servicios básicos aprobado por el Congreso -el que prohíbe el corte de luz, agua, telefonía, internet y gas- abrió un nuevo flanco entre el oficialismo y La Moneda, debido a que parlamentarios de Chile Vamos anticiparon que esperarán el contenido de la iniciativa para resolver si lo respaldan.
La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, indicó que “no conocemos el veto, pero llama la atención que el gobierno no haya acudido antes al Tribunal Constitucional. Si había aspectos inadmisibles debió hacerlo en su momento” y agregó que “tendremos que conocer la redacción para ver si están los votos”.
En RN tampoco están totalmente convencidos. El senador de ese partido Francisco Chahuán, aseguró que el gobierno “debe ser claro que quiere mejorar el proyecto sin alterar beneficios conquistados en el proceso legislativo, de lo contrario que lo promulgue a la brevedad”.
Desde la oposición también cuestionaron el veto. Incluso, la bancada de diputados de la DC señaló que va a “congelar” las relaciones con el Ejecutivo si prospera la medida y desde el Partido Radical y sectores del Frente Amplio anticiparon que no respaldarán el veto.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que el veto “no va a alterar los beneficios, se van a mantener. El objetivo es no tener problemas en la ejecución de la norma”.
Sin detallar si se tratará de un veto aditivo, sustitutivo o supresivo, indicó que pese a las dudas en el oficialismo , se insistirá en la medida debido a que “el gobierno actúa en base al deber de asegurar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Queremos que lleguen esos beneficios, pero encuadrados en las normas legales y constitucionales”.
El gobierno tiene plazo hasta el viernes para presentar texto ante el Congreso.
En la industria hay dudas respecto al alcance del veto. Si bien hace un mes la Sofofa junto a los gremios representantes de los servicios básicos solicitaron una reunión con la Segpres, la que se agendó para esta semana, la cita se suspendió hace unos días, lo que se habría interpretado como una señal de la estrategia política que estaba fraguando el gobierno.
Aunque no habría certeza de lo que tocará el gobierno, fuentes comentan que uno de los aspectos que sería abordado es un artículo que está relacionado a que las empresas pudieran llevar a tarifa los costos de las medidas.
Así como lo hizo la industria sanitaria el lunes, ayer las empresas de distribución eléctrica ratificaron que continuarán otorgando medidas de apoyo. Según la última actualización del acuerdo de servicios básicos que lideró el gobierno con las industrias, se alcanzan 108.009 solicitudes eléctricas. De ellas, 96% fue aprobada. En el caso de las empresas de gas, 2.352 solicitudes se relacionan a este servicio.
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