A poco más de un año de que se implementara en Chile el control obligatorio de operaciones de concentración, expertos en libre competencia locales y extranjeros analizaron la herramienta y los desafíos que ha implicado desde que se pusiera en marcha.
Los especialistas se dieron cita en un seminario organizado por el estudio Barros & Errázuriz en alianza con la red Affinitas. En este marco, el Fiscal Nacional Económico (s), Mario Ybar, recordó que los problemas asociados a la regulación anterior, que no obligaba a las empresas a someter a un control sus operaciones, tenían que ver con “plazos muy extendidos para operaciones medianas, incentivos a materializar operaciones sin consultar y falta de certeza jurídica, es decir, poca previsibilidad de la decisión”.
Pero los cambios han sido evidentes y positivos, según la autoridad. Según datos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), no sólo el equipo dedicado a esta materia incrementó su dotación en 155% respecto de 2015, sino que además, ya se han notificado 58 operaciones.
En opinión del fiscal, “las nuevas facultades han permitido profesionalizar el trabajo de la División de Fusiones, creciendo significativamente la cantidad de casos que conocen en el marco del control obligatorio y resolviendo los casos en plazos más acotados”.
Para el fiscal económico subrrogante, a un año de entrada en vigencia la normativa, los desafíos son múltiples.
Entre ellos, “facilitar el cumplimiento de la obligación de acompañar información de los notificantes, sin sacrificar el análisis de las operaciones de concentración durante los acotados plazos impuestos a nivel legal; entregar mayor certeza vía guías y otros documentos en aspectos sustantivos y procedimentales; y capacitar permanentemente a los funcionarios para mejorar los análisis de las decisiones”.
A juicio de Francisco Bórquez, abogado de Barros&Errázuriz, el sistema ha tenido un buen funcionamiento, aunque mejorable. Por ejemplo, “en cuanto a la transparencia, es muy importante para las compañías, para poder entender bien cuál es la preocupación de la Fiscalía, el tener mayor visibilidad del expediente de investigación”.
Y es que, a su juicio, “si todos esperamos que el sistema sea rápido, en la medida en que la Fiscalía también pueda entregar antecedentes a las partes de qué es lo que está haciendo, también se podrían mejorar los tiempos y la entrega de soluciones, si es que se necesitan”.
Biviana Helo, del estudio Gómez-Pinzón de Colombia, destaca el hecho de que en el país exista tanto la Fiscalía como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
“Se sostienen dos cuerpos diferentes que tienen personas distintas para hacer los análisis” y agrega a la discusión que, a su juicio, “un tema importante a revisar en la región son las guías sobre gun jumping” (casos en que se modifica o concreta la operación antes de recibir la notificación del órgano fiscalizador).
Bórquez concuerda en este punto, y concluye que para evitar casos de este tipo, es importante lograr “aprobar más rápido operaciones como aquellas que cumplen los umbrales pero que evidentemente no producen ningún daño para la competencia. O en el caso de empresas que están en situación financiera delicada, que requiere una rápida notificación”.
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