Aunque reconoce que el ambiente está enrarecido por varios casos de connotación pública que han puesto en entredicho la confiaza en la institucionalidad, Salvador Valdés, coordinador microeconómico de Clapes UC y ex coordinador de modernización de Estado del ministerio de Hacienda durante la administración Piñera, sostiene que es necesario analizar con cuidado los alcances -y posibles efectos negativos- del proyecto de ley para fortalecer el sistema de libre competencia ingresado al parlamento.
Este será el eje de la discusión en el seminario "Cómo sancionar Faltas a la libre competencia" que organiza el Centro Latinoaméricano de Políticas Sociales y Económicas (Clapes) de la UC, y donde expondrán el titular de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Felipe Irarrázabal, y académicos.
-¿El proyecto del gobierno de alguna manera responde al ambiente que hay hoy en él país?
-No iría tan lejos y sería más prudente. Hay que reconocer que este es un proyecto que está en preparación hace bastante tiempo y no hay que ver intenciones excesivas tras él. Con eso, hay que entender que este proyecto está llegando en un momento delicado. El ministerio de Hacienda declaró hace poco que un aumento en la inestabilidad regulatoria, percibida por los empresarios, podría frenar la economía.
-¿Comparte esa visión?
-Siempre la inestabilidad regulatoria es algo indeseado en cualquier economía y en cualquier situación, y eso no es novedad. Creemos que el debate académico puede elevar el rigor del análisis y en la medida que sea tomado en cuenta puede ayudar a limitar estos temores.
-¿Elevar las multas y endurecer las penas crea esta inestabilidad regulatoria?
-Luego de hablar con bastantes actores hemos detectados distintas preocupaciones. Las sanciones que propone el proyecto se basan en la magnitud de los beneficios obtenidos por la práctica, y faltando eso, en la magnitud de la ventas. Pasar de los beneficios a las ventas es muy delicado, genera una imprecisión importante. Las empresas de distintos negocios operan con márgenes muy diferentes, hay mayoristas cuyos margen de beneficio en relación a las ventas es del 3%, otros marginan el 5% o el 6%, el proyecto dice que las multas va a ser el 30% de las ventas, (entonces) para todas esas empresas que están con márgenes inferiores al 30% de las ventas, estas multas son completamente excesivas, desproporcionadas e injustas.
-¿Y eso abre espacios para la discrecionalidad?
-El proyecto no abre el espacio para el que el TDLC lo juzgue caso a caso, sino que obliga a que cada vez que el beneficio no sea claramente determinable, obligatoriamente tiene que aplicarse un alto porcentaje de las ventas y eso es muy delicado. La estructura de la sanción es discriminadora para importantes sectores de la actividad económica y para muchas empresas dentro de una misma actividad.
-¿Y esto se puede resolver en la discusión parlamentaria?
-Puede ser, quizás, pero también puede ser irreparable, y el problema ser insuperable. También los procesos por temas de libre competencia están desperdigados en cuatro sedes y podría ocurrir que un mismo acto sea sancionado dos veces con dos multas distintas. El proyecto no avanza en coordinación de estas sedes.
-¿Hay que establecer esa coordinación?
-Por supuesto. Si hubiera una voluntad del ejecutivo, habría mayor factibilidad de encontrar un acuerdo en el Congreso y que se resolviera esta descoordinación. Esto es muy grave por el riesgo regulatorio para las partes involucradas. Creemos que el debate académico va a ayudar a perfeccionar el proyecto.
-Pero,¿El ambiente está para pedir penas menores...?
-Por supuesto. Aquí la temperatura ambiente y los problemas que hay son de otros tipo. Chile tiene de las mejores infraestructuras de libre competencia del mundo, este no es el zapato que nos aprieta, ese zapato es la corrupción y las presiones de los políticos a los empresarios para que les donen plata para las campañas.
-¿No es la colusión una forma de corrupción?
-No. La colusión no es considerada corrupción porque no involucra agentes públicos. En la corrupción tiene que haber alguien de Estado metido. Es un tema preocupante. Hoy en el tema de la confianza lo más importante es la emergencia.
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