Sergio Muñoz es de esos jueces que algunos ubican en la categoría de “héroes”, pero que para otros es un personaje que solo introduce incertezas al sistema judicial.
Así de distanciadas son las visiones en torno a esta figura protagónica del mundo legal y que desde hace casi un año volvió a integrar la Tercera Sala de la Corte Suprema, encargada de ver los temas económicos y la misma que lideró hace algún tiempo, cuando en controvertidos fallos marcó un antes y un después en materia medioambiental.
Quienes lo siguen desde el mundo de la academia y el derecho público, dicen que en este segundo tiempo como integrante de sala en el máximo tribunal ha mantenido su esencia: “Sigue igual que antes. Mantiene una posición activista, es decir, considera que los jueces deben ir más allá de la ley para conseguir objetivos que ellos mismos consideran socialmente valiosos”, comenta un destacado abogado de la plaza.
Incluso hay algunos juristas y exreguladores que sostienen que su pensamiento se ha radicalizado. “Un tema reciente fue su dura crítica al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago por la excesiva tardanza en la tramitación y dictación de sentencia, que según dijo va más allá de lo razonable... También hemos visto críticas a la Contraloría, donde se puede observar que existe una visión más radical sobre algunas instituciones, ¿las razones? pueden ser temas de competencia, porque -en general- lo que vemos es un juez bastante deferente con el Estado y la administración pública y muy desconfiado con los particulares”, agrega un experto en derecho administrativo.
Otro conocido abogado que sigue bien de cerca los pasos de Muñoz es el socio de FerradaNehme, Luis Cordero, quien asegura que existe un sesgo sobre la figura del expresidente de la Corte Suprema. “Pareciera que la responsabilidad de determinados fallos recaen sobre él, pero no es tan así, en muchas ocasiones las juezas (Rosa) Egnem y (Eugenia) Sandoval hacen contrapeso y a veces fallan igual que él”, aclara.
De todos modos, Cordero advierte notorias diferencias en, por ejemplo, la aplicación constitucional sobre alguna situación donde los jueces se pronuncian: “Siempre va a ir por el lado de los derechos fundamentales”. “Su manera de interpretar el derecho público es consecuente desde su perspectiva, a uno le puede gustar más o menos eso, pero es así. Él siempre apunta a corregir ciertas asimetrías y en algunas cosas le pega al Estado y en otras no... lo que al final del día le importa es el usuario final, el ciudadano”, agrega Cordero.
Su más reciente irrupción en el mundo jurídico fue con su voto de minoría en el caso SBIF-Corpbanca, donde la Corte Suprema le dio la razón al banco y terminó por anular la multa de US$ 30 millones.
Sobre este caso, donde Muñoz estuvo por mantener la multa, sus detractores señalan que el juez “degradó el debido proceso a una mera formalidad, y eso hace que le crea al fiscalizador afirmaciones que según el mismo fallo de mayoría no están respaldadas por antecedentes objetivos. En este mismo caso, como para él, el rol de la ley es secundario, habla de una prescripción de cinco años en circunstancia que la ley de bancos establece expresamente una de tres”, comenta otro abogado.
Pero hay quienes interpretan este fallo de otra manera. “Lo que dice el juez es que Corpbanca actuó mal y en su argumentación eso queda claro con una larga apelación al fondo del tema”, dicen quienes lo defienden.
Lo que queda claro es que sus argumentos no dejan a nadie indiferente. Mientras para algunos sus intervenciones sólo generan incertidumbre jurídica, porque “sus fallos pueden apartarse de la ley”, para otros es una ventaja estar frente a un juez que se sabe cómo piensa, “porque lo dice y lo argumenta”, indican.
Diálogo público
Otro punto controvertido del juez es su rol de “co-legislador”. “En materia de regulación económica y ambiental podemos ver que es muy activo en dar señalización muy relevante. Por ejemplo, lo que sucedió con el fallo de la Suprema sobre las isapres, donde acogió los recursos de protección por alza de planes por factor GES y estableció límites a los incrementos. En la argumentación del fallo unánime (que fue redactado por Muñoz) señala que hay un problema regulatorio detrás... eso es una manera de producir diálogo público”, dice Cordero, quien agrega que, en general, este tipo de indicaciones el regulador debería agradecer.
Otros abogados coinciden con su perspectiva y destacan que los jueces empiecen a tomar conciencia de que en tribunales también se toman decisiones de políticas públicas.
Hay quienes refutan este hecho y señalan que los jueces no están para influenciar o hacer políticas públicas, sino para aplicar el Derecho.
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