Aclaratoria fue la intervención del administrador provisional de la ex isapre Masvida, Robert Rivas, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados despejando algunas dudas que se mantienen en torno a la quiebra de la ex aseguradora.
En la cita, Rivas precisó que tras la recopilación de información que ha llevado a cabo durante los cuatro meses que lidera la ex aseguradora, precisó que encontró la emisión de facturas que no tienen respaldo de pagos.
Rivas junto al abogado Matías Insunza de Insunza Abogados, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Delito de Alta Complejidad Oriente para que investigue.
“Hemos encontrado algunas facturas de las cuales no hay respaldo de los pagos por lo que se hizo una denuncia al Ministerio Público y se inició un proceso de demanda. Las facturas sin respaldo se pagaron a prestadores sin tener respaldos”, aclaró Rivas ante los diputados.
Esto se sumó a las declaraciones del director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, que dijo que tras 77 investigaciones realizadas a la isapre se encontraron diferencias en la pago de impuestos por $ 7.340 millones.
Rivas aclaró que la isapre mantenía un gran desorden contable y de gestión, lo que derivó en la crisis que enfrentó y que desencadenó la quiebra.
Otro de los puntos de reveló Rivas es la relación que mantenía la isapre con las otras empresas del Holding. El abogado criticó la desviación de recursos, principalmente a Empresas Masvida y MV Financial, lo que de no haber ocurrido, habría implicado que la crisis no habría sido de esta magnitud.
“Había deudas que superaban el valor del patrimonio y cuentas por cobrar con filiales donde se pasaban recursos que nunca se pagaron, se reconocían con intereses pero nunca en la práctica fueron pagados y estos activos no estaban provisionados”, aclaró.
Estimaciones de deuda
La deuda que la ex aseguradora Masvida mantiene con prestadores y afiliados fue otros de la revelaciones que hizo Rivas.
En el caso de los prestadores, comentó que esta deuda iría entre los $ 60.000 millones y $ 70.000 millones, cifra mayor a los $ 44.000 millones que presentó en la reorganización.
El abogado explicó que esto se debe a que aún están en proceso de facturaciones algunas prestaciones, por lo que no entendió los recursos judiciales que interpusieron las cínicas, “ya que lo conversamos con ellos, sabían que se iba a ir facturando todo durante el proceso de reorganización”.
Además abordó la deuda con los afiliados, y que una vez resuelta se podrá proceder a cerrar su registro. Los reembolsos, bonos y licencias médicas acumularían una saldo que estima será entre $ 50.000 millones y $ 60.000 millones.
En tanto, el ex superintendente de Salud, Luis Romero, que se excusó por no acudir a la invitación, envió un carta donde respaldó las medidas que tomó el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, en medio de la crisis, sin embargo cuestionó los tiempos en la toma de decisiones.
“Fueron implementadas muy tardíamente, en especial el nombramiento del administrador provisional, toda vez que la delicada situación financiera de la referida isapre era ampliamente conocida y los hechos han demostrado que una acción más oportuna podría haber significado enfrentar el problema generado por la isapre Masvida con una mayor disponibilidad de recursos para el pago de las acreencias de prestadores de salud”, dijo Romero.
Se abre disputa para que venta de inmuebles vaya a garantías a prestadores
Si bien el administrador provisional de la ex Masvida, Robert Rivas, declaró ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que los inmuebles que posee la aseguradora se irán a constituir las garantías de pago a los prestadores que mantiene la Superintendencia de Salud, la realidad es que algunos de ellos deberán someterse a negociación con los acreedores bancarios.
Y es que algunos inmuebles están embargados, por lo que no se podrá recurrir a su venta. El veedor de la reorganización concursal, Patricio Jamarme, envió cuatro exhortos a los tribunales de Talcahuano, Viña del Mar, Linares y Región Metropolitana para levantar el embargo de estos inmuebles y que sean incorporados a la reorganización. Así, dichos activos quedan congelados hasta que se resuelva el pago con los acreedores.
De concretarse esto último, estos no podrían ser incorporados a las garantías de pago a los prestadores como busca la Super de Salud, por lo que se prevé una negociación para que el valor de estos activos sí se integre a dichas garantías, que suman $ 83.500 millones. El miércoles 26 de julio, el superintendente Sebastián Pavlovic publicó en el Diario Oficial el decreto que determina que los edificios y sucursales serán incorporados al fondo de pago de las clínicas y las farmacias. Otro de los puntos que obligaría esta determinación es el contrato que se firmó con Nexus para el traspaso de cartera, ya que contempla que la recaudación de la venta de inmuebles, que se estima será del orden de $ 9 mil millones, se destinarán a las garantías.
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