Que se dicte la resolución de reorganización judicial de la ex isapre Masvida, fue la última solicitud que hizo al tribunal el interventor Robert Rivas, representado por la oficina de abogados Nelson Contador & Cia.
En el documento, Rivas informa que se corrigieron todas las solicitudes que había exigido el tribunal y la principal razón por la cual no había emitido la resolución.
El tribunal no había aprobado el proceso dado que ha encontrado deficiencias en la solicitud. Por ello solicitó corregir algunos datos de contacto, mails y direcciones de pago de acreedores, abogados y médicos. A estos se sumó el reclamo de prestadores como Christus UC, que acusaron que Rivas estaba subestimando los montos a pagar. Todo esto fue respondido por Contador.
En el escrito, la oficina de abogados corrigió los datos de más de 4.000 acreedores, para lo cual externalizó los servicios. Respecto de la deuda, se explica que la nómina actual considera montos hasta el 31 de mayo, los que después deberán ser verificados por los acreedores.
“La misma ley le otorga a los acreedores un plazo de ocho días para verificar sus créditos”, señaló.
El documento fue acompañado con un nuevo certificado de deuda por $ 67.900 millones y la lista final de los prestadores sujetos a participar en la reorganización.
Esto, esperan, acelere el proceso y que el Primer Juzgado Civil de Concepción emita la resolución. Este paso es clave, ya que permite que los acreedores certifiquen sus deudas y se dé paso a la votación de la reorganización, determinante a su vez para que Nexus inyecte $ 27 mil millones a la ex isapre.
Uno de los problemas es que el acuerdo con la norteamericana que permitió el traspaso de cartera de afiliados, fijaba 180 días para tener aprobada la reorganización, es decir, para que Nexus concrete dicho pago ésta deberá estar resuelta a más tardar en octubre.
Para Rivas, es clave que se apruebe la reorganización para pagar a prestadores y acreedores bancarios a prorrata y no tener que liquidar la isapre y negociar uno a uno.
De rechazarse la reorganización se abren escenarios complejos para varios actores, entre ellos los acreedores que se quedarían con menos recursos a repartir.
En todo caso, para que el proceso sea aprobado se requerirá que los prestadores y la banca se pongan de acuerdo en la votación, ya que debe ser visada con 2/3 de las deudas y el monto a los prestadores bordea 65%.
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