Luego de más de un año y medio, el Tribunal de Defensa del Libre Competencia (TDLC) acogió la consulta formulada por Farmacias Cruz Verde, representada por Cristián Reyes, que presentó un reclamo contra Transbank por aplicar tarifas diferencias a las cadenas de farmacias frente a los Supermercados. Al caso se sumó Farmacias Ahumada, que fue representada por Pellegrini & Cía.
El TDLC ordenó a administradora de medios de pago que presente un nuevo plan de autorregulación en un periodo máximo de tres meses ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que tenga políticas de merchant discounts públicos, objetivos y no discriminatorios, según preció el tribunal.
Dicho plan no debe establecer discriminaciones por rubro en sus tarifas, como lo venían haciendo hasta ahora, cuyo descuentos iban en directa relación al número de transacciones con tarjetahabientes, el valor de venta promedio y el tipo de comercio asociado.
Así, se establecían tarifas más baratas para supermercados y más caras para las farmacias, poniéndolas en desventajas para la comercialización de iguales productos. Por ejemplo, para los comercios que vendían hasta 1.000 UF no habían diferencias por rubro, pero en el tramo más alto, sobre 50.000 UF (unos $ 1.360 millones), las diferencias por rubro eran muy acentuadas.
Estos mayores cobros se hacían en transacciones que se realizan especialmente con tarjetas de crédito. Se precisó que cerca del 90% de los comercios afiliados a Transbank pagan el merchant discount máximos, mientras que solo entre el 1% y el 7% del comercio asociado pagaba las tarifas más bajas, caracterizadas por transacciones de mayor volumen y precio.
Así, se estableció que Transbank deberá limitar los descuentos de las tarifas basados solo en el número de transacciones de cada comercio, para reflejar las economías de escala y aplicar descuentos por el valor promedio de la venta con tarjeta.
El TDLC ordenó a Transbank que las nuevas tarifas no pueden ser superiores a las actuales, asegurando que las farmacias sean equiparadas con los supermercados hacia la baja, beneficiándolas con niveles menores a los actuales. Se estima que esto significará para las farmacias un ahorro de cerca de US$ 10 millones al año.
El fallo tuvo el voto en contra del ministro Jaime Arancibia Mattar, quien estuvo por rechazar la consulta por el carácter contencioso de la misma.
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