La Fiscalía Centro Norte sobreseyó definitivamente la querella presentada por Julio Ponce Lerou contra la Administradora de Fondos de Inversión Moneda, por estimar que los hechos denunciados por el empresario no constituyen delito.
La decisión fue aprobada por el tribunal, poniendo término así a la querella del empresario.
Querella de Ponce
En un comunicado, el Ministerio Público explicó que la querella de Ponce -por difusión de información falsa o tendenciosa al mercado y por el delito de inducir mediante engaño a la compra o venta de acciones, delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores- se basa en un artículo del diario El Mercurio.
En la nota se indicaba que Moneda S.A. había decidido bloquear unilateralmente la compra y venta de acciones de las Sociedades Cascada, mientras la Superintendencia de Valores y Seguros mantuviera abierta la investigación por supuestas operaciones en perjuicio de los accionistas minoritarios de dichas sociedades.
Según Ponce, dicha medida anunciada por la prensa no habría sido real, porque Moneda S.A. habría seguido comprado acciones de Cascada. A juicio del empresario, la difusión de esa noticia habría buscado manipular al mercado y desprestigiar a las Sociedades Cascadas, haciendo bajar el precio de sus acciones.
Resolución
Durante su investigación, los fiscales Tania Sironvalle y José Morales establecieron que no es posible hablar de información falsa o tendenciosa, dado que el bloqueo efectivamente existió. Asimismo, los fiscales descartaron que hubiera un acto engañoso o fraudulento al comprobarse que el bloqueo sí operó, al menos entre abril y agosto de 2012.
Al no ser constitutivos de delito los hechos de la querella, la Fiscalía Centro Norte pidió el sobreseimiento definitivo, el que fue aprobado por el tribunal.
Asimismo, se aprobó el sobreseimiento definitivo de la ampliación de la querella presentada por Ponce. En ella aludía a las declaraciones realizadas a Radio Duna por el director de Moneda S.A, Pedro Pablo Gutiérrez, quien en una entrevista de abril de 2013 se refirió al bloqueo autoimpuesto, señalando que había comenzado el verano de 2012 y no en abril.
Los fiscales Tania Sironvalle y José Morales también solicitaron el sobreseimiento definitivo de este punto, dado que no hay antecedentes que establezcan que esa declaración se hizo con el objeto de inducir a error al mercado difundiendo información falsa, como exige el artículo 61 de la Ley de Mercado de Valores. De hecho, esa información ya había sido difundida un año antes. Igualmente, se descartó que dicha declaración haya intentado inducir a otros mediante engaños a la compra o venta de valores (art 59e LMV).
Durante la audiencia, la Fiscalía Centro Norte comunicó además la decisión de no perseverar respectos de los demás hechos contenidos en la ampliación de la querella presentada por Ponce.
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