La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó esta tarde un requerimiento por colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región y, particularmente, contra 111 médicos con especialidad en cirugía.
En su presentación, la Fiscalía acusa a los profesionales de "actuar de forma conjunta en el mercado de servicios profesionales otorgados por médicos especialistas en cirugía y sus respectivas subespecialidades, que son demandados por usuarios del sistema privado de salud en la V Región de Chile, mediante la fijación e implementación de precios de venta de las prestaciones médicas de consulta y procedimientos quirúrgicos de su especialidad".
El organismo de libre competencia afirma en su requerimiento que los médicos especialistas desde 1985 han actuado de manera conjunta en el mercado relevante, mediante la fijación de los aranceles que cobran por sus servicios médicos, suplantando a la competencia como mecanismo de determinación de precios.
De acuerdo a la presentación, dado el elevado número de profesionales requeridos (111), la FNE solicitó al Tribunal que concediera la notificación mediante avisos a publicarse en un diario nacional y otro regional, además del Diario Oficial, lo que fue concedido por el TDLC. Esta es la primera vez que operaría el mecanismo de notificación por avisos en materia de libre competencia.
La FNE acusó que la asociación que reúne a estos profesionales ha operado como un instrumento de centralización y coordinación de la voluntad de sus asociados en el acuerdo anticompetitivo y que ha implementado y ejecutado el referido acuerdo mediante la suscripción de convenios con instituciones de salud previsional (Isapres) abiertas.
En su investigación, la FNE constató que la participación de la asociación gremial en el acuerdo anticompetitivo "ha trascendido a las variaciones en su nómina de asociados y directivos, constituyéndose en un objetivo de la misma, desnaturalizando sus fines como organización gremial".
Asimismo, se detectó que el cumplimiento del acuerdo es obligatorio para los socios y que su acatamiento ha sido permanentemente monitoreado, condicionando su permanencia en la asociación gremial.
"Consideramos muy grave la conducta de estos médicos, que al menos desde 1985 han usado a su asociación gremial para fijar de manera concertada los valores de sus consultas y procedimientos quirúrgicos, entorpeciendo la libre competencia en uno de los mercados más sensibles para la sociedad, como es la salud", señaló el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.
La Fiscalía pidió al TDLC que aplique una multa de 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA, equivalentes a casi $ 569 millones) a la asociación gremial y que este monto sea pagado solidariamente por los médicos requeridos. Además, solicitó al mencionado Tribunal que ordene la disolución de dicho gremio.
Ésta es la tercera vez que la Fiscalía pide al TDLC la disolución de una asociación gremial debido al rol que éstas han ejercido en acuerdos colusorios. A la fecha, se ha acogido esta solicitud en el llamado Caso Pollos, donde la Corte Suprema sentenció que la Asociación de Productores Avícolas (APA) debía disolverse por haber coordinado el funcionamiento del cartel de productores y le ordenó, además, pagar una multa a beneficio fiscal.
El segundo gremio disuelto fue la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de la Provincia del Ñuble, caso en el cual el máximo tribunal sentenció que el gremio intervino directamente y de manera principal en los actos contrarios a la libre competencia demostrados en el juicio.
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