Este lunes, la Comisión de Economía retomó el análisis del proyecto de ley que fortalece la investigación y persecución de carteles, iniciativa que sigue en su primer trámite constitucional.
El proyecto -que forma parte de la Agenda Antiabusos que anunció el gobierno en marzo del año pasado- otorga a la FNE nuevas facultades intrusivas, como el alzamiento del secreto y de la reserva bancaria y la fotografía, filmación o grabación de comunicaciones.
Además, contempla que la Fiscalía pueda notificar el inicio de una investigación o solicitar información a empresas extranjeras mediante sus filiales o agencias constituidas en Chile.
En la jornada de este lunes participaron, con el fin de analizar la iniciativa, el titular de la FNE, Ricardo Riesco, y el abogado asesor de la Unidad Especializada de lavado de dinero, delitos económicos, medioambientales y crimen organizado, Andrés Salazar, quien fue invitado en representación del Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott.
Según constató la página de la Cámara de Diputados, Riesco planteó que Chile cuenta con uno de los regímenes sancionatorios más completos y estrictos del mundo para perseguir los carteles y la colusión, que calificó como el "cáncer" de la economía de mercado.
Detalló que la Fiscalía ha iniciado más del 50% de las investigaciones por oficio, que han acusado a más de 200 personas naturales y jurídicas, y obtenido multas en el 100% de las acusaciones presentadas.
Respecto del proyecto de ley, indicó que la iniciativa "agrega herramientas útiles para la detección y efectiva sanción a una conducta tan grave como la colusión, por lo que, de prosperar, sería una contribución a la política pública anticarteles del Estado de Chile".
Por su parte, si bien Salazar destacó el proyecto en cuanto a la mejora de la legislación contra los carteles y la colusión, y dijo que entrega una oportunidad de mayor coordinación con la FNE, también realizó reparos, indicando que no avanza en lo criminal y retrasa la investigación, lo que dificulta encontrar pruebas.
Afirmó que, solo desde la perspectiva del derecho penal, el proyecto se transformará en una norma de derecho "simbólico" al dificultar la consecución de pruebas.
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