El sistema de aseguramiento de salud, tanto privado como público destinaron cerca de US$ 1.744 millones en subsidios, informó el Fondo Nacional de Salud, junto a la Superintendencia de Salud y de Seguridad Social.
Este monto, dado a conocer en el informe “Estadísticas de licencias médicas y subsidio por incapacidad laboral 2016”, corresponden al 0,65% del PIB, porcentaje que, según la directora de Fonasa, Jeanette Vega, es inferior al de los países de la Unión Europea y a los países desarrollados. Como ejemplo, el promedio de los gastos en subsidios por incapacidad laboral de la UE fue de un 0,97% del PIB, llegando incluso en el caso de Holanda a un 1,95%.
Esto es un alza frente a años anteriores y se explica por el incremento en el número de cotizantes del sistema en 1,8%, un mayor valor pagado en las remuneraciones promedio, una reducción de la tasa de rechazo a las licencias en Fonasa y un aumento de días pagados en el sector público, que pasaron de 8,4 a 9.
En cuanto a las licencias tramitadas, la tasa de rechazo en el segmento de las isapres es casi el triple que Fonasa, con 15,7% versus el 5,4%, respectivamente.
En el caso de las licencias autorizadas con modificación, Fonasa alcanza 2,8%, mientras que las isapres 11,1%. En la mayoría de los casos, las modificaciones corresponden a cambios en los plazos. Por su parte, el plazo promedio de número de días pagados por cotizante es de 8,5, aumentando 1,2 días desde el 2012.
“Es un hecho que tenemos que mirar con detención, porque por cómo se paga hay incentivos que quizás deberíamos sacar para que no se extiendan más días”, aseguró Vega.
Los trastornos mentales fueron la causa principal de las licencias, seguidos por las enfermedades osteomusculares y los traumatismos. En último lugar se encuentran las respiratorias, a pesar de ser la tercera razón detrás de las licencias médicas.
“Al final Salud está pagando un gasto donde las condiciones no están enteramente bajo su control”, comentó el superintendente de Sebastián Pavlovic, explicando que muchos de estos casos se dan por condiciones laborales precarias o incluso medioambientales.
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