Luego de las masivas marchas en contra de la escalada de delincuencia y la migración irregular este fin de semana en Iquique –seguido de un amplio paro el lunes- el ministro del Interior Rodrigo Delgado viajó a ayer a rumbo a esa ciudad para sostener una intensa agenda de reuniones con las autoridades locales, vecinos y gremios para tratar las vías de salida a la crisis en la frontera norte del país.
Tras una jornada que se inició en la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá con participación de asociaciones de transportistas, pesqueros, mineros, juntas vecinales y otras autoridades locales que demandan acciones para controlar la situación. En las reuniones realizadas ayer en la capital de Tarapacá participó el Presidente Sebastián Piñera, quien hizo un alto en sus vacaciones para encabezar un encuentro por vía telemática sobre este tema.
Como primer resultado de las gestiones, el ministro Delgado informó la realización de “acciones concretas”, entre las cuales destacó la decisión de “completar una dotación reforzada de Carabineros, para poder reforzar justamente el trabajo en la región y puntualmente en la comuna de Iquique”.
Al respecto, afirmó que “se va a realizar un plan de intervención inmediato en aquellos barrios que tengan mayor tasa delictual, vale decir aquellos barrios más conflictivos que los mismos gremios nos han ayudado a identificar”.
Esta dotación de Carabineros tendría un total de 80 uniformados extra en la zona. Se sumarían otros policías de civil en el lugar para hacer control migratorio en las ciudades, detalló Delgado tras la cita.
Junto al reforzamiento de Carabineros -con unos 80 efectivos extra a los que se sumarían otros policías de civil para intensificat el control migratorio en las ciudades- y las intervenciones en las zonas de mayor conflicto, el ministro del Interior agregó que se iniciarán capacitaciones para implementar en breve plazo la reconducción de migrantes según lo establece la nueva Ley de Migraciones, además del incremento de recursos para el Ministerio Público regional.
La posición de los gremios regionales
En representación de los gremios y agrupaciones en el encuentro con las autoridades asistieron dirigentes como Harold González, presidente de la Federación Regional de Transporte Tarapacá; Marcelo Acuña, director de la Asociación de Transporte; Jorge Michel Daved, vicepresidente de la Federación Regional de Transporte Tarapacá; Nolberto Muñoz, presidente Federación de la agrupación Taxis “FERETAC”; Marco Torres, presidente Sindicato Cargadores Zofri; Issa Sayed Jaafar, presidente Asociación Gremial Zofri y Joaquín Bezares Fuentealba, presidente de la Asociación de Taxistas de la región.
La Federación de Transporte de Tarapacá fue la piedra angular que provocó del paro en la ciudad y su presidente indicó que plantearon a la autoridad reformular la ley que regula el ingreso de inmigrantes y el refuerzo de Carabineros. “Queremos a los militares en la frontera de Tarapacá para controlar el ingreso de los ilegales. También buscamos que se inyecten más recursos a Carabineros y que se amplíen sus facultades, porque tienen los brazos amarrados. Y por último, que en el Congreso se tramite una modificación a la Ley de Inmigración”, explicó el dirigente.
Las críticas de los alcaldes
Tras la reunión junto a Delgado, el Gobernador Regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, afirmó que “es un error el no atender la frontera, ahí es donde principalmente debemos poner atención”, criticando la dotación policial anunciada por el ministro, medida que el gobernador consideró insuficiente para resolver la situación en la zona.
Asimismo, Carvajal indicó que presentaron un documento en el que se detalla su cartera presupuestaria en seguridad, cercana a los $19 mil millones de pesos, y en la que se incluían proyectos como la adquisición de equipamiento, mayor infraestructura y tecnología.
Por su parte, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, llegó hasta la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá para advertir que “tenemos permanente crecimiento de bandas organizadas de crímenes. El tráfico de personas hoy día quizás es más o tan igual que el tráfico de drogas” sostuvo el edil,
En este marco, agregó que “lo que vemos por parte del gobierno es una ausencia en las medidas que se tiene que tomar, especialmente en la frontera de Arica”.
El Tribunal de Apelaciones de Antofagasta admitió un recurso de protección interpuesto a favor de la comuna de Ollagüe y contra el Gobierno de Sebastián Piñera, a quien se acusa de "abandono" en el marco de una crisis migratoria y sanitaria en la región, consignó Europa Press.
El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, comentó a través de su cuenta de Twitter que la región necesita "respuestas ya". "Esperamos que la Justicia actúe y obligue a medidas", ha agregado.
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En concreto, Díaz y el alcalde de Ollagüe, Humberto Flores, han acusado al Gobierno de falta de control de los flujos migratorios y en las medidas sanitarias de los extranjeros que ingresan en Chile. Díaz ha aseverado que el Gobierno "ha dejado de prestar la ayuda a las personas migrantes" y que ya no tienen residencias sanitarias ni "los controles debidos" para las personas que entran por la frontera.
"Aquí hace falta que el Gobierno central actúe en favor de nuestra región, que no nos exponga a la posibilidad de contagiarnos más, que no nos exponga sin mediar el control", ha indicado, según ha recogido Radio Cooperativa.
Ollagüe es una comuna de Antofagasta que se ha mantenido sin contagios de covid-19 durante varios meses, pero ahora ha experimentado un repunte de casos. Esta ubicada en la ciudad de Arica, donde se han celebrado manifestaciones por la inseguridad en la zona y por la migración a través de rutas no habilitadas para tal fin.
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