Por caminos separados correrán desde el próximo año la consulta indígena y la evaluación de proyectos de inversión, anunció el gobierno.
Los ministros de Medio Ambiente, Pablo Badenier, y de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, informaron que modificarán los reglamentos que regulan el mecanismo de consulta indígena general y el específico para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que operaban desde hace pocos meses.
Villegas argumentó que habían tomado esta decisión terminada la primera etapa de la consulta de la nueva institucionalidad indígena, donde habían solicitudes de sacar el proceso del SEIA, para mejorarlo.
Badenier señaló que el gobierno anterior había mezclado "peras con manzanas" al incluir la consulta en la evaluación ambiental. "No genera procesos de diálogo óptimos desde el punto de vista de los resultados", dijo.
Nueva fórmula
Según explicaron los ministros, luego que se reformen los decretos -lo que sucederá el primer trimestre de 2015- los proyectos de inversión tendrán que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, que deberá crear una unidad a cargo de este tema.
El visto bueno que otorgue esa cartera -ya sea aplicando la consulta o descartándola- se convertirá en un requisito previo para que un proyecto ingrese a evaluación ambiental.
Esto tendría el sentido de que las comunidades puedan influir, fundamentalmente, en el emplazamiento de un proyecto de inversión. Lo anterior, porque las iniciativas estarán en etapas tempranas de diseño (ingeniería conceptual), en circunstancias que actualmente los proyectos llegan al SEIA en ingeniería detalle.
"Con esto, la posibilidad y capacidad de incidir sobre el diseño y el emplazamiento de los proyectos es mayor", dijo Badenier.
En tanto, el Servicio de Evaluación Ambiental seguirá desarrollando las consultas hasta que se modifique y entren en vigencia ambos reglamentos.
Reacciones
El ex jefe de la Unidad de Asuntos Indígenas del gobierno anterior, Matías Abogabir, reconoció que el mecanismo de consulta era perfectible y que era importante avanzar en ello, pero que había que tener precaución con no enredar más el proceso.
Lo que más preocupa al consultor, es que una separación total entre la consulta y la evaluación ambiental, pueda implicar dificultades para concretar los acuerdos en un proyecto y, además, generar más trámites. Esto, en los casos que un desarollo que ya fue consultado, cambie de forma importante su diseño en el SEIA. "¿Tendrá que volver a ser consultado?", plantea.
Además, dice que las deficiencias de la consulta indígena están dadas por problemas de recursos, información o capacidades, más que por quién la realiza.
Hans Willumsen, gerente ambiental de la firma Gisma, valoró que la consulta la haga una institución especializada, pero añadió que "es relevante que esto no sea el simple traspaso de la consulta de un órgano del Estado a otro". Por el contrario, espera que esto ayude a despejar dudas y dar certezas a la inversión.
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