Entre las indicaciones que el Ejecutivo enviará antes de fin de mes para reformar el Código de Aguas está limitar la duración de los derechos de agua, que hoy son a perpetuidad.
Según fuentes del gobierno, el plan sería optar por un sistema mixto de acuerdo con el uso de los recursos.
Hasta ahora las discusiones señalan poner un límite de 35 años para los derechos de tipo consuntivo -que permiten usar el agua sin obligación de restituir- como la agricultura.
Para los derechos no consuntivos -que obligan la restitución del agua, como sucede con el uso hidroeléctrico- el plazo que se daría bordearía los 80 años, aseguran cercanos al Ejecutivo.
Reacciones
Varias opiniones hay entre los privados y expertos del sector sobre los cambios que analiza la autoridad, en especial respecto de limitar la duración de los derechos.
El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, René Muga, señala que es necesario “reconocer que los proyectos con derechos no consuntivos tienen una maduración y una ejecución bastante largas”, por lo que necesitan un horizonte de largo plazo para la extensión de estas licencias.
Además, propone incluir “una cláusula de renovación para aquellos que requieren un periodo más largo de materialización” y aumentar la fiscalización de los derechos, pues hay algunos “no inscritos en los conservadores de bienes raíces y que no pagan su patente. Eso debería ser lo primero”, indica.
En tanto, Rodrigo Weisner, ex director General de Aguas durante el primer mandato de la presidenta Bachelet, comenta que “no existe ningún fundamento” para restringir los derechos.
Añade que “no se entiende lo que se pretende solucionar debilitando la certeza jurídica que permite a una persona tomar una decisión de inversión en el largo plazo. Con eso, se hará más difícil conseguir financiamiento para el desarrollo de proyectos”.
Además, dice que “una revisión de la institucionalidad pública resulta relevante, para evitar superposiciones y vacíos de autoridad, pero no puede dejarse de lado la necesidad de fortalecer las organizaciones privadas de aguas (como juntas de vigilancia y asociaciones de canalistas)”. Otro punto que plantea es la necesidad de dotar de mayores recursos a la DGA.
A Matías Desmadryl, profesor de derecho de Aguas UC y ex titular de la DGA le parece que algunos cambios son “negativos” porque “traen consigo incertidumbre y el debilitamiento de un sistema que ha permitido y otorgado la certeza jurídica que todo inversionista requiere”.
Al igual que Weisner cree que “el debilitamiento del derecho de aguas y del derecho de propiedad afectarán sin lugar a dudas la inversión, el valor de los activos, y posiblemente dificultará el otorgamiento de créditos para el desarrollo de proyectos de inversión que requieran del uso de aguas”.
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