Ante la Comisión de Transportes del Senado, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, informó que el gobierno reingresó ayer las bases de licitación del sistema de trasportes que espera renovar el 50% de la flota para su toma de razón.
Ante los legisladores, la autoridad explicó los cambios que solicitó el organismo, los que estaban dirigidos a la incorporación de nuevos informes técnicos para temas específicos y ajustes en el mecanismo por el cual las empresas deben presentar ofertas.
Sobre el primer punto, se busca tener más antecedentes sobre la implementación de zonas pagas y, por el segundo, bajo qué criterios se evaluarán las propuestas para adjudicarse un área de concesión.
La ministra reiteró que para las firmas que están operando, será tener un determinado nivel en los índices de calidad y servicio.
El órgano fiscalizador también pidió explicar en detalle cómo se hará la expropiación de los terminales para buses que está contemplado en el concurso que debería iniciarse este mes y que ya tiene los plazos más que ajustados.
En este punto, Tapia señaló que informaron a Contraloría los detalles del trabajo que está llevando en conjunto con el Ministerio de Vivienda. Aseguró que la fórmula para expropiar será, primero, tratar de llegar a un acuerdo con los operadores dueños de los terminales. “Si no se logra, se procederá a seguir adelante con la expropiación”, dijo.
La autoridad también agregó que se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, dejando la definición respecto de incorporar un subsidio permanente al sistema a partir de 2023, para la próxima licitación.
Techo de oferta y multas
Entre los cambios más relevantes que pidió la entidad que lidera Jorge Bermúdez a las bases del concurso, está la eliminación del tope de multas para las operadoras.
Actualmente, las empresas que cumplen un total de 20 mil UF, arriesgan la caducidad de la concesión.
Sin embargo, Tapia explicó que ahora no existirá este tope, permitiendo que sea la autoridad quien fije el criterio que se aplicará en estos casos. “No se hará un análisis económico de esto, sino que será resorte de la autoridad determinar hasta cuánto será el pago de multas, lo que en definitiva será un incentivo para las empresas para tener una operación de calidad”, dijo.
También hubo cambios en el nivel máximo de valor por pasajero transportado que podrán ofertas las empresas. Esto, porque el proceso determina que serán los oferentes quienes propongan los valores, ganando el más competitivo bajo ese tope.
Tapia explicó que en este caso se solicitó hacer un ajuste del máximo a proponer en el llamado, sin explicitar si esta rectificación será a la baja o al alza.
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