Tres ejes componen el informe preparado por el Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, y que está en manos de Michelle Bachelet desde junio.
El reporte contiene una serie de sugerencias -comentaron fuentes que han accedido al texto- las cuales ahora están siendo trabajadas por los ministerios. Uno de los puntos relevantes es un plan de inversiones por más de US$ 1.000 millones para hacer frente al déficit hídrico que presentan diversas zonas del país.
1Plan de inversiones
La primera parte del reporte se refiere a cómo resolver el problema asociado a la escasez hídrica. Se plantean inversiones para desarrollar una veintena de obras, algunas de las cuales apuntan a estar preparados para almacenar agua cuando esté disponible en el futuro y así responder ante desequilibrios.
Acá se incluirían plantas desaladoras, como alternativa de solución más permanente especialmente en la zona norte. Entre otras localidades donde se sugiere instalar estas unidades estaría La Serena, Coquimbo y, Petorca, aunque también se mencionarían algunos puntos de la Región del Biobío.
Además, se plantea la construcción de embalses, de diversos tamaños, así como la recuperación de unos 800 tranques de acumulación y regulación que están en desuso y que datan de la época de la Reforma Agraria.
El monto total de inversión identificado superaría los US$ 1.000 millones, en un plazo de ejecución de cuatro años, dicen entendidos.
2Mejoras a la institucionalidad
El segundo capítulo del informe estaría dedicado a observaciones respecto de la institucionalidad en materia de agua, considerado que son más de 40 las instituciones que intervienen en el tema. Por esto, la propuesta es mirar este punto y reordenar. Además, que exista una única autoridad encargada de esta materia.
El documento incluye diferentes propuestas, como la creación de un Ministerio de Recursos Hídricos, la instalación de una subsecretaria dependiente del MOP, que sería la opción por la que se inclinaría el gobierno. La tercera opción sería instaurar un comité de ministros, al estilo de Australia o Brasil.
3 Reformas legales
En este apartado figuran las reformas al Código de Aguas y la reforma constitucional anunciadas por la mandataria.
Sobre lo primero, se ha mirado la moción parlamentaria transversal que recopila las iniciativas a este respecto presentadas a partir del año 90, muchas de las cuales no fueron consideradas en la reforma del año 2005.
En el Gobierno estiman que hay gran posibilidad de que esta iniciativa sea aprobada por el apoyo transversal que tiene y el consenso que existe en torno a esta idea.
La propuesta del delegado sería tomar esa moción y transformarla en un proyecto del Ejecutivo a través de indicaciones, pero reconociendo la autoría de la iniciativa.
Según fuentes del gobierno, los cambios están siendo trabajados, a partir de las orientaciones del informe, por un comité de ministros compuesto por los titulares de Obras Públicas, Agricultura, Minería, Energía y Medio Ambiente, quienes fueron parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que se reunió ayer. La idea es enviarlas al Congreso la próxima semana o la siguiente, luego del trabajo distrital.
Entre las indicaciones que se harán, está incluir en la declaración del Código que señala que el agua es un bien nacional de uso público que ésta se entiende en todos sus estados, incluyendo así a glaciares y agua en estado gaseoso (nubes).
Sin embargo, las modificaciones principales están relacionadas con los derechos de agua. En primer término se propone restringirlos y limitarlos, bajo determinadas circunstancias. A ello se suma la posibilidad de extinguirlos y que su entrega ya no sea a perpetuidad.
Un punto central es poner un límite a los derechos de agua. Y aunque el informe no entraría en este detalle, el debate al interior del gobierno va desde fijar un máximo de 75 años, lo que para algunos es excesivo, hasta 30 años, que es la extensión usual de una concesión minera, por ejemplo.
Otras ideas que han salido es el no permitir que se transen derechos que no se estén utilizando, para evitar la especulación, y multiplicar por mil el monto de las patentes por no uso. Con ello se haría inviable el mantener un derecho que no está siendo usado.
Respecto de las causales de extinción que se estarían considerando, están el abuso del derecho de aprovechamiento o el falseamiento de información, replicando el criterio utilizado en otros países, refiriéndose a que cuando se pide un derecho se hace con un fin y si se detectara que se usó para otro, habría causal de extinción.
En todo caso, explican entendidos, dentro de las indicaciones que se harán, la que tiene que ver con límites al tiempo de un derecho de agua se extendería sólo a las nuevas concesiones y no a las vigentes, no así las causales de extensión que serían para todos.
El plan del gobierno sería sumar otros proyectos en este paquete, ligados a la fiscalización del uso de derechos de agua y la ley de glaciares.
En cuanto a la reforma constitucional, trabajan sobre el proyecto que la presidenta Bachelet ingresó en 2010 y que hace sólo una cosa: saca de la Constitución el derecho de propiedad sobre los derechos de agua, estableciendo que la ley regule su gestión, habilitando los cambios al Código de Aguas.
Cercanos al gobierno dicen que el articulado de esta modificación está casi listo y que debería ingresar al Congreso prontamente, quizás la próxima semana incluso.
PUNTOS CLAVE
Plan de inversiones Se proponen al menos 20 obras de inversión, que superarían los US$ 1.000 millones. Se incluyen plantas desaladoras en varias partes del país. Además, embalses de distintos tamaños. Institucionalidad Se considera reordenar las instituciones que intervienen en el tema del agua. Las propuestas van desde crear un ministerio hasta instalar un comité de ministros, aunque el gobierno se inclinaría por instalar una subsecretaria dependiente del MOP. Reforma al Código Se introducirán en las próximas semanas e incluiría causales de extinción y limitar la duración de los derechos de agua. Reforma constitucional Se introducirá quizás la próxima semana y sacará de la Constitución lo referente a la propiedad sobre los derechos de agua. Otras leyes Se incluirá también las leyes de glaciares y de fiscalización del uso de los derechos de agua.
Ministros analizan temas medio ambientales asociados a la reforma
Cerca de una hora sesionó ayer el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Hasta las oficinas de la cartera de Medio Ambiente llegaron los titulares de Obras Públicas, Alberto Undurraga; Minería, Aurora Williams; Agricultura, Carlos Furche; Energía, Máximo Pacheco; Vivienda, Paulina Saball; Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, además del Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz. E El ministro anfitrión Pablo Badenier presidió la cita. Los secretarios analizaron desde el punto de medioambiental las reformas legales en materia hídrica que el gobierno planea enviar al Congreso, puesto que la misión de esta instancia es revisar cualquier modificación legal que afecte al medio ambiente. Así, tanto Undurraga como el director general de Aguas (TP),Carlos Estévez, hicieron la presentación al Consejo. "Se dieron a conocer y se encontraron favorables los impactos ambientales que tendrán las modificaciones al Código de Aguas que estamos preparando", dijo Badenier. Añadió que entre ellas está el reconocimiento de los glaciares como bien nacional de uso público y que sobre las aguas contenidas en ellos no se pueden constituir derechos de aprovechamiento. Luego, destacó que será posible restringir derechos de agua que se otorguen, lo mismo en aquellos acuíferos vulnerables. "No se podrán constituir derechos de aprovechamiento de agua en determinadas áreas protegidas, en las categorías de parques nacionales y en zonas de región virgen", agregó el titular de Medio Ambiente.
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