No a todos los que recurren al Tribunal Constitucional (TC) para pedir una rebaja de una multa puesta por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) les va bien. Y es que los ministros de la instancia rechazaron el requerimiento de Juan Bilbao que fue multado en noviembre de 2015 a pagar UF 90 mil (unos US$ 3,5 millones) por infracción a la ley de valores.
Considerando el éxito que habían tenido en el TC los sancionados por el caso Cascadas, es que en enero de 2017, el empresario llegó solicitando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 29 de la ley de la Superintendencia de Valores y Seguros, el cual indica que se puede fijar una multa de hasta el 30% del valor de la "operación irregular". Con esto, se pedía que se aplicara el artículo 28 que establece un monto máximo de 15 mil UF (unos US$ 600 mil), monto que puede subir hasta 75 mil UF (US$3 millones) en caso de infracciones reiteradas para personas naturales.
Esta vez, por seis votos contra tres, la primera sala del Tribunal desestimó el requerimiento, indicando que "no existe una vulneración al principio de igualdad ante la ley puesto que lo reprochado son conductas administrativas de la Superintendencia de Valores y Seguros al margen de criterios normativos".
Pese que el reclamo de Bilbao corresponde al mismo artículo demandado ante el TC por los sancionados por el caso Cascadas y que han logrado bajar la multa. En este caso, la sentencia distinta se da porque, estimaron que no se aplica la norma en este caso, ya que ellos no alegaron ante el Juzgado Civil la aplicación del artículo 29 la ley de la SVS, sino que estaban discutiendo era la procedencia de la multa.
"Esta sentencia se basa en criterios orientadores que se apartan de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se han identificado a partir de la Sentencias roles N°s 2922, 3014, 3236, 3542, 3575 y 3684 (causas de los sancionados por Cascadas). Se trata de casos diferentes y en donde las características de este caso concreto permiten admitir diferencias que devienen en el rechazo de este requerimiento", sostuvo la sentencia.
Bilbao fue sancionado por el regulador por el uso de información privilegiada con títulos de CFR Pharmaceuticals (CFR), mientras se desempeñaba como director de la compañía en 2014.
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