La Pontificia Universidad Católica decidió iniciar acciones legales en contra de Masvida, por lo que solicitó al 1º Juzgado Civil de Concepción que se liberen todos los contratos, acuerdos y/o convenios celebrados entre la isapre y la empresa Nexus Chile. Todo a través de una medida prejudicial preparatoria.
No obstante, según una resolución del pasado 29 de junio, la justicia resolvió: "Atendido que las Isapres se encuentran reguladas por normas de orden público, fiscalizadas por la superintendencia del ramo y atento lo expuesto en la solicitud y la demanda que se pretende entablar, no ha lugar a la medida prejudicial preparatoria solicitada, puesto que excede los supuestos a que se refiere el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, inciso final".
En su escrito presentado a la justicia, la PUC dijo que "la futura demandada" (Masvida) se encuentra en una pública y notoria situación de insolvencia, al punto que con fecha 13 de junio de 2017 solicitó su reorganización judicial. Recordó que producto de esto, selló un convenio con la empresa norteamericana Nexus, en el cual se acordó -entre otras cosas- la venta de determinados activos, de los cuales, sin duda, dijo, el más relevante es la cartera de afiliados de Masvida.
"En el marco del convenio entre Masvida y Nexus se han celebrado, presumiblemente, múltiples contratos, todos los cuales son a la fecha desconocidos para los acreedores de Masvida, entre ellos, la Pontifica Universidad Católica de Chile", dice el documento presentado a la justicia.
Según la UC, no obstante ser pública y conocida la aprobación de la venta de la cartera de afiliados, los acreedores de Masvida desconocen las condiciones específicas de esa venta, y especialmente, si ésta se hizo en beneficio o desmedro de los acreedores.
"A pesar de los múltiples requerimientos de información que los acreedores han hecho a Masvida, ésta ha denegado sistemáticamente el acceso a la información necesaria para determinar si la venta de sus activos -y especialmente de la cartera de afiliados- se hizo bajo condiciones normales de mercado y que fueran en beneficio de los acreedores, ya suficientemente malogrados por los problemas financieros de la Isapre", señaló.
A su juicio, los acreedores carecen de la información necesaria para perseguir "las eventuales responsabilidades civiles y administrativas" de quienes tenían la responsabilidad de conservar y cultivar el patrimonio de la deudora, a efectos de asegurar con éste, el cumplimiento íntegro de sus deudas,.
"El interés de mi representada en conocer la información requerida es patente, ya que es acreedora de Masvida por cuantiosas sumas, encontrándose pendiente actualmente el cobro judicial por $ 2.441.080.511 (...). Sin perjuicio de ello, hago presente que la deuda total de Masvida con mi representada es aún mayor a aquella suma, la que será verificada en su totalidad en el procedimiento concursal respectivo", dijo el abogado de la PUC, Francisco Javier Ugarte.
De esta forma, dijo que considerando que Masvida ha iniciado un proceso de reorganización en las condiciones antes mencionadas, resulta necesario que los acreedores puedan determinar, y "eventualmente perseguir las responsabilidades civiles que puedan derivar del incumplimiento de sus obligaciones, a partir de aquellas actuaciones de la deudora que les hayan causado perjuicio". "La deudora podría fácilmente distraer bienes de la masa a fin de evitar que éstos ingresen al acuerdo de reorganización, o venderlos en condiciones que no fueran de mercado, perjudicando con ello a los acreedores", añadió el jurista.
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