Connotación política tomó la definición del precio de sustentación para la pequeña minería, mecanismo que permite asegurar un mínimo de ingresos a productores de menor escala para afrontar la baja en el precio del cobre.
En el propio gobierno reconocen que esta definición, que en teoría ya está resuelta, dejó de ser un tema técnico-económico, ya que La Moneda decidió intervenir y está monitoreando la situación.
La preocupación surge por el descontento existente entre las asociaciones mineras del norte que han amenazado con movilizaciones, que de concretarse, se teme en el gobierno, podrían ser muy duras y alcanzar proporciones similares a las de los movimientos pesqueros del Biobío.
El 30 de enero, el Ministerio de Hacienda fijó el denominado precio de sustentación en US$ 2,73 por libra de cobre, muy lejano a los US$ 3,07 que pedían en el sector, que es el mismo monto con el que se calculó el presupuesto.
A raíz de esto, las asociaciones comenzaron a presionar, a través de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) que las agrupa. Su argumento central es que con el nivel fijado, bajo el cual se activa un crédito sectorial, la gran parte de las operaciones no era sustentable económicamente.
Si no existiera este préstamo sectorial, y el cobre se mantuviera en torno a los US$ 2,6 la libra, se pondrían en riesgo al menos 400 faenas, que involucran cerca de 3 mil a 5 mil empleos.
Otras fuentes argumentan que este caso dejó de ser un tema económico, dado el bajo costo que tiene aplicarlo. Bajo el actual nivel, Enami podrá prestar hasta US$ 18,8 millones durante 2015. Si se decidiera subir el monto de ayuda, implicaría cerca de US$ 15 millones adicionales.
Es decir -argumentan algunos-, un costo bajo para el Estado, tomando en cuenta que son recursos que se entregan a la minera en 2016 y que los pequeños mineros devuelven al Estado con intereses.
Alerta en Interior
La luz de alerta en el Ministerio de Interior se habría encendido a través del intendente de Atacama, Miguel Vargas, quien ha estado muy activo en este tema, aunque hasta el cierre de esta edición no fue posible concretar un contacto con él, pese a su disposición.
La preocupación radica en que en la región hay varias localidades cuyo principal soporte es la pequeña minería. Por lo tanto, si los productores se detienen podrían generarse problemas, partiendo por mayor cesantía, la que podría derivar en efervescencia social, ya que esta situación no ayudaría a la reactivación de la región, que se ha visto golpeada por la caída de varios grandes proyectos de inversión en los últimos años.
A través de la autoridad regional se habría dado el contacto con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
Dado este escenario, se plantea que no sería descabellado pensar en una mejora en el precio de sustentación porque el costo económico es menor comparado al riesgo de movilizaciones y paralización de productores.
Esto, además, en concordancia con la ofensiva que inició la Sonami respecto del tema. El gremio presidido por Alberto Salas pidió que Enami devolviera US$ 1,5 millón que mantenía acumulado desde 2009, cuando se devolvieron los préstamos de la baja del cobre de 2008.
Esta solicitud fue rápidamente acogida por la Empresa Nacional de Minería (Enami), lo que implicará una tarifa de unos 14 centavos más por libra, que se sumarían a los US$ 2,73 autorizados.
Además, la Sonami pidió audiencias con distintas autoridades para lograr una corrección del mecanismo, mientras que los mineros se reunirán a fines de febrero para ver los avances y definir caminos de acción.
Cronología del debate
Primer reclamo Durante el mes de diciembre los pequeños mineros comienzan a pedir la aplicación del precio de sustentación por la baja en el cobre.
Comienza análisis Durante los primeros días de enero la ministra de Minería, Aurora Williams, reconoció que estaban estudiando el tema. Esto incluyó reunión entre los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos.
El oficio El 30 de enero el Ministerio de Hacienda responde a Enami, fijando el precio de sustentación en US$ 2,73 por libra.
Ofensiva A comienzos de febrero los pequeños mineros hacen patente su malestar y algunos piden hacer movilizaciones. La situación se tranquiliza tras una reunión en Sonami, donde se acuerdan medidas y se da un plazo -hasta fines de este mes- para mejorar el mecanismo.
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