Inquietos se encuentran los canales de televisión que ahora deberán sumar otro ingrediente a la crisis económica que están enfrentando.
A partir de mayo entró en vigencia la ley Ricardo Larraín, llamada así en honor al extinto director de cine y que establece el pago del 2% de los ingresos brutos de las estaciones para guionistas y el 2% para directores, por concepto de derechos patrimoniales y morales.
El cobro de esta tarifa será aplicada a partir de septiembre, ya que la Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos (ATN) publicó sus tarifas.
Así, si se consideran los ingresos que los canales abiertos registraron en 2016, que ascendió a US$ 403 millones, tendrían que desembolsar unos US$ 16 millones.
En la industria señalan que con esta nueva normativa totalizarán cerca del 10% de sus ingresos que deben aportar a grupos específicos, si se consideran los pagos que ya se hacen a otros grupos como actores o derechos de música. Así, previo al pago de impuestos y otros gastos, la cifra total que deberían asumir sumaría unos US$ 35 millones.
Los canales explican que la legislación llega a asfixiar sus finanzas, en momentos que la mayoría está con pérdidas. “Este pago es sobre las ventas, es algo monstruoso”, explica un alto ejecutivo.
Una visión similar tienen el asesor y ex director de Canal 13, Enrique Kiko García. “Si a los pagos de derechos de autor que la televisión ya paga, le agregas otro derecho, eso va ser inviable a la industria, porque si fuera sobre los ingresos del área de ficción está bien (pero esto es sobre el total)”, explicó.
Esto en medio de los cuestionamientos sobre el sistema de reparto que tiene la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. La SCD recibió en 2016 un total de $ 19 mil millones, unos US$ 28 millones, por concepto de derechos de autor, de aportantes como la televisión abierta y de cable.
El pago de los canales abiertos contemplado en la Ley Ricardo Larraín es solo una parte de lo que recaudarán las asociaciones gremiales, ya que considerando la televisión de pago, el total podría subir en unos US$ 60 millones adicionales, estiman en la industria.
Entidades de gestión colectivas
Otros de los puntos que se cuestionan es que son las propias entidades de gestión o asociaciones de representación las que fijan las tarifas.
Para el abogado Rodrigo Lavados, socio de Sargent& Krahn, uno de los problemas es que no hay un mecanismo objetivo para fijar esta cifras.
“El estado actual es que tenemos entidades de gestión colectiva que están fijando sus tarifas unilateralmente y la suma de esas tarifas podría causar problemas mayúsculos para ciertas industrias que tienen una carga de un porcentaje elevado de sus ingresos mensuales. No hay un mecanismo a mano para aterrizar esta tarifa a algo que tenga un racionalidad económica, puede que haya empresas que no le haga sentido seguir funcionando y eso es un problema grande”, explicó.
A la ATN se sumará prontamente otra gremio, DIGA Chile, que podría agrupar a otros directores, también podría fijar tarifas propias. El organismo ya tendría su autorización ante el Ministerio de Educación para poder recaudar.
De ser así, las empresas afectas deberían hacer un pago doble dependiendo del nivel de representación que tenga cada gremio.
Los canales pueden negociar con las asociaciones para lograr una tarifa consensuada. De no lograr acuerdo, podrán acudir a un arbitraje forzoso, según explica el abogado de Alessandri, Rodrigo Velasco.
Los otros afectados por la normativa
La Ley Ricardo Larraín no sólo afecta a los canales de televisión. Según establece el decreto de fijación de tarifas de ATN, esto se aplicará también a canales de cables, quienes deberán incluir entre el concepto ingresos las cuotas que pagan por sus abonados.
Otros afectados son las salas de cine. En este caso deberán entregar el 2,5% de los ingresos mensuales netos de taquillas para guionistas y el 2,5% para directores. Las líneas aéreas, por reproducir películas en sus vuelos, cancelarán 0,02 UF mensuales por cada asiento disponible en cada avión en servicio.
También se fijan tarifas para restaurantes, hoteles, líneas de buses, bares, clínicas, hospitales. El director general de ATN, César Cuadra, explica que esta ley llega a reivindicar los derechos de autor para los guionistas y autores, lucha que asegura vienen dando hace más de 20 años.
Precisa que para fijar las tarifas, ATN contrató un estudio de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. "Había que hacer un estudio profundo que diera cuenta de la legitimidad del derecho que se estaba garantizando, que sea justa y no arbitraria, se hizo un trabajo exhaustivo", explicó.
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