Banmédica y Vida Tres acusaron a la Superintendencia de Salud de “vulnerar” y “amenazar” el derecho de propiedad, debido al proceder “arbitrario e ilegal” del ente liderado por Sebastián Pavlovic como parte del proceso que enfrenta la exisapre Masvida.
Las firmas –que son parte del holding Empresas Banmédica, controlado por los grupos Penta y Fernández León- presentaron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones en contra del regulador, misma acción legal que ya había iniciado otra filial del conglomerado, la Clínica Santa María.
Las aseguradoras señalan en sus escritos que la superintendencia, al enterarse y constatar que Masvida no efectuó la compensación derivada del Fondo de Compensación Solidario, debió hacerlo ella misma, con cargo a las garantías que trata el artículo 181 del DFL N 1, que norma a los organismos públicos de salud.
Destacan que es el fondo el que permite que se pueda implementar el GES a nivel de isapres, ya que al ser un mecanismo de corrección de riesgos, neutraliza las variaciones existentes entre las carteras de afiliados. Es decir, aquellas instituciones que tienen afiliados menos riesgosos (Masvida), compensa a aquellas que tienen los más riesgosos.
“De no existir este fondo o al no estar garantizado su funcionamiento (como sucede con la actual omisión ilegal y arbitraria de la superintendencia) se estará premiando a las isapres que tengan afiliados menos riesgosos y el costo de ese mayor beneficio lo asumirán las isapres que tengan afiliados más riesgosos”, dice el recurso presentado por Banmédica.
Hasta ahora, afirman, Masvida no ha pagado lo que debía compensar según un cálculo del propio regulador.
“La superintendencia establece el monto de la compensación, señala expresamente el plazo máximo para realizarla y tiene la obligación legal de efectuar la compensación si no lo hace la isapre y, en conocimiento de todas esas circunstancias, no lo hace. No existe justificación para su falta de actuación y falta de respuesta”, dicen.
Afirman que “agrava aún más la arbitrariedad” la intención del regulador de eliminar a Masvida del registro de isapres. Con esto, explican, se deja fuera a la acusada del ámbito de fiscalización de la superintendencia.
“Con este proceder arbitrario e ilegal la superintendencia recurrida infringe el artículo 213 del DFL N 1, ignorando su obligación legal, y privando, perturbando y amenazando el derecho de propiedad de mi representada como también de otras instituciones de salud previsional”, dice la defensa de Banmédica.
Comisión investigadora
En tanto, ayer asistieron a la comisión investigadora de Masvida en la Cámara de Diputado representantes de la Asociación de Clínicas, entre ellos, su gerenta general, Ana María Albornoz, y Manuel Serra gerente general de Clínica Indisa.
En la cita, expusieron que 33 de sus asociados están comprometidos con deudas desde Masvida, los que suman unos $ 45 mil millones.
Para ellos, una solución que podría permitir el pago de las deudas a los prestadores es que el administrador provisional entere el total de las garantías que fueron liberadas provenientes de las ventas de los inmuebles y de los $ 27 mil millones que Nexus deberá pagar tras la aprobación de la reorganización judicial.
“Lo que queremos es que el administrador provisional no se salte la legalidad y que entere las garantías, que es su responsabilidad y que para eso lo pusieron”, dijo Albornoz.
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