Los cuestionamientos que han hecho algunas clínicas por cómo se manejó desde el gobierno la crisis en la ex isapre Masvida, que terminó con el traspaso de su cartera de beneficiarios al fondo estadounidense Nexus y mantiene abierto un proceso de reorganización judicial para intentar saldar deudas por más de $ 100.000 millones a distintos estamentos, cobró un nuevo tono.
Esto porque ayer un conjunto de 14 clínicas, pertenecientes a distintos grupos económicos como la red de la Cámara Chilena de la Construcción, Indisa y la Red Salud UC Christus, cuestionaron con fuerza el rol del superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic.
“Todo indica que la Superintendencia de Salud habría dejado de cumplir sus obligaciones legales”, dijeron en una carta publicada en El Mercurio.
Según su análisis, la crisis sistémica que ha desatado Masvida no debiera dejar indiferente a nadie y agregaron que esto ha terminado afectando el derecho de los prestadores de funcionar en un sistema que asegure estabilidad en un área tan delicada como la salud de la población.
La carta está firmada por Alejandro Canavati, gerente general de Red Salud UC Christus; Manuel Serra, de Clínica Indisa; Jorge Plaza, de Clínica Sanatorio Alemán de Gamma Capital, y los representantes de nueve centros ligados a Red Salud de la Cámara Chilena de la Construcción, como Avansalud y Megasalud, Clínica Tabancura y Bicentenario, entre otras.
Además, apuntaron directamente hacia Pavlovic, diciendo que ha reconocido que sabía desde agosto de la vulnerabilidad financiera de la isapre, pero pese a ello siguió autorizando la liberación de garantías, en desmedro de quienes dependen de ellas, “poniendo en jaque la confianza de los distintos actores en el correcto funcionamiento del sistema de salud privado”.
Agregaron que pese a que se desconoce aún el monto total de la deuda, se asegura que con los dineros que hay “alcanza para saldar el grueso de los pasivos”. “La escasa información a la que ha habido acceso deja en evidencia la poca viabilidad de ello”, dice.
No pararon ahí, también dijeron que el administrador provisional, Robert Rivas, “no habría cumplido con el mandato expreso para el cual fue nombrado: solucionar problemas de insuficiencia de garantías y normalizar la situación de la cartera de afiliados, resguardando el equilibrio del sistema”.
Pidieron además que con urgencia se inyecten los $ 27.000 millones compromeditos por Nexus en la transacción, para enmendar una situación que -dicen- pone en riesgo al sistema de salud privado.
“Este actuar errático de la autoridad es responsable del equilibrio precario en el que se mantienen muchos prestadores de salud”, finalizaron.
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