A casi un año que el gobierno aprobara el reglamento que Regula el Movimiento Transfronterizo de Residuos, y que permitiría exportar baterías usadas, el Ministerio de Medio Ambiente realizó algunos ajustes al texto aceptando algunas observaciones que formuló Contraloría durante la toma de razón.
El texto fue reingresado al organismo el 26 de enero, por lo que si Contraloría acepta los cambios podría ver la luz en el corto plazo.
El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, explicó que el tema principal fue aplicar de forma más estricta el Convenio de Basilea, en el sentido de que no se podrá exportar residuos si hay capacidad para recuperar y volver a utilizar las materias primas (valorizar) de este producto en Chile.
Este tema surgió tras algunas impugnaciones que hubo al documento que en marzo del año pasado fue aprobado por el Consejo de Ministros, el que había establecido que “solo se permite la exportación de residuos para su valorización a países OCDE”.
Mena señaló que “si hay capacidad en Chile no se puede exportar nunca ningún residuo. Hubo una polémica respecto a las baterías de plomo, por lo tanto si hay capacidad para poder tratar los residuos, no se puede exportar de acuerdo a Contraloría”, dijo.
En la industria del reciclaje, en especial de las baterías -donde se extrae el plomo- hay una larga disputa a raíz de que en el país solo una empresa tiene capacidad para procesar los residuos, ubicada en Calama, por lo que entre algunos actores el poder enviarlos y tratarlos en otros países era un viejo anhelo.
La duda surge porque aunque en el país está la capacidad teórica para tratar las 50.000 toneladas de baterías que se dan de baja al año, en la práctica en los últimos años han procesado del orden de 16.000, dejando un remante sin procesar, según cálculos en base a exportaciones de plomo.
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