Fórmulas para bajar el número de permisos que debe enfrentar un proyecto minero, que implique ahorros en tiempos y en plazos, está trabajando la ministra de Minería, Aurora Williams.
Para eso, conformó un equipo interno para analizar los aspectos que pueden ser mejorados y, también, pidió un informe jurídico que detecte áreas donde aplicar medidas administrativas que no requieran un cambio legal.
Una iniciativa minera tiene que cumplir con 1.920 obligaciones normativas para desarrollarse. Además, como mínimo debe obtener 215 permisos, de los cuales se desprenden otras autorizaciones.
La titular de la cartera explica que esto se ha transformado en un tema de urgencia y durante enero esperan recibir las conclusiones en el plano legal y, hacia fines de mes, traducirlo en ocho áreas de acción concretas en temas medioambientales, mineros y de bienes nacionales.
Por ejemplo, dice que se abordarán las solicitudes de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, un tema que está normado claramente y que quita tiempo a los proyectos y sobrecarga al servicio.
Otro tema es ponerse al día en las reclamaciones ante el Comité de Ministros, donde han tenido seis reuniones para sacar adelante decisiones que estaban atrasadas.
"Un criterio fundamental en nuestro trabajo es que se reduzca el tiempo de trámite de los permisos. Evidentemente hay algún grado de ineficiencia. Lo segundo será ver la cantidad, sin disminuir la calidad, y tercero, unificar criterios entre servicios y regiones", dice Williams.
Consultada sobre el efecto de estos planes, que se han intentado aplicar en varias oportunidades en el Estado, dice que la autocrítica siempre ayuda a mejorar y que estos procesos se producen porque el Estado no puede controlar que todo se haga tal como fue pensado o diseñado, y eso produce que surjan distorsiones que deben corregirse.
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