“No estamos de acuerdo, pero respetamos el fallo. Sin embargo, no cambia el sentido profundo ni cambia el conjunto de las facultades de la Dirección General de Aguas”. Así de tajante respondió ayer el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, las consultas respecto a un eventual impacto tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.
El 26 de diciembre, el organismo declaró inconstitucionales diversas normas contenidas en el proyecto, luego que el articulado fuese aprobado en el Congreso a fines de 2017.
Entre las normas que fueron afectadas está la que suprime la facultad de los jueces de letras para autorizar la paralización de obras o labores por parte de la Dirección General de Aguas (DGA).
También se consideró como inconstitucional el hecho que se dispone que las multas son aplicadas por la DGA, eliminando las facultades que tenía en la materia el juez de Policía Local.
El pronunciamiento avivó el cuestionamiento entre los diversos actores del sector, quienes incluso se atrevieron a sentenciar que la decisión del TC marcaría un precedente frente al proyecto de reforma al Código de Aguas que, en medio de los apretados tiempos legislativos, irremediablemente continuará su tramitación en el próximo gobierno.
Pero Undurraga fue enfático en señalar que no se afectaría este articulado en medio de lo resuelto.
“Creemos que en lo medular no se ve afectado. En palabras del director general de Aguas (Carlos Estévez) aquí no se le sacó nada a la ley sino que solo algunas plumas”, dijo.
El titular de la cartera informó que la iniciativa ya fue firmada por los ministros y la Presidenta Michelle Bachelet, y que en los próximos días será publicada en el Diario Oficial.
“Esta es una ley que establece un conjunto de obligaciones como informar cuánta agua se está sacando del cauce, a informar cuántos derechos de agua hay inscritos en el Conservador de Bienes Raíces”, explicó Undurraga.
“Es una ley que establece facultades de fiscalización, particularmente que los funcionarios de la DGA van a ser ministros de fe, por lo tanto, lo que ellos constaten se presume que es lo que está ocurriendo; y de la misma forma se tipifican sanciones y se multiplican sanciones cuando hay reincidencia”, añadió.
Precisó que de los proyectos que están en el Parlamento, el que falta por aprobar en esta administración es el de aguas grises. “Está pronto a que sea aprobado esta semana o la primera de marzo”, dijo.
El director general de Aguas (DGA), Carlos Estévez, comentó los avances del gobierno frente a la problemática del agua, indicando que por intervenciones no autorizadas en cauces, con anterioridad a 2014 sólo se había cursado una sanción, y entre 2014-2017 se aplicaron 53 multas por un total de 9.100 UTA, unos US$ 8,5 millones.
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