Una categoría de protección especial tendrán algunas tierras pertenecientes a comunidades indígenas, con las modificaciones que se le introducirán al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La propuesta surgió del grupo técnico parlamentario que trabajó durante un par de meses en la elaboración de un protocolo de acuerdo, que sirvió para destrabar el trámite de esta iniciativa.
Flavia Liberona, de Fundación Terram, que asesoró al senador Antonio Horvath, explicó que el grupo transversal que discutió los cambios, debatió sobre la necesidad de hacer una consulta general de la iniciativa, bajo el estándar del Convenio 169, pero que el Ejecutivo no habría estado dispuesto a ello.
En ese contexto, y para dar realce al tema indígena, se incluyó esta nueva categoría de conservación en territorios de pueblos originarios.
Liberona dijo que cuando se acordó el protocolo, no estaba resuelto cómo operaría el mecanismo, en circunstancias que las comunidades decidieran someter sus tierras a esta categoría de conservación.
El abogado de Carcelén, Rodrigo Guzmán, estimó que esto podría permitir que se extienda la protección especial que tienen otros territorios, como las zonas marino-costeras.
Por eso, habría que aclarar si esta norma apunta a incorporar a las Áreas de Desarrollo Indígena que existen en el país o a todos los territorios donde se emplacen las comunidades, o a una mezcla.
Mejor proyecto
Los senadores y el Ministerio del Medio Ambiente llegaron a mediados de diciembre a este protocolo de acuerdo, el que permitió que se aprobara la idea de legislar.
Liberona recalca que la firma formal del documento debería concretarse en enero, con algunos ajustes en temas que no quedaron bien especificados.
Según su impresión, el proyecto que creaba estas entidades no era el óptimo y pese a los avances, cuenta, aún hay senadores que sienten que no hubo espacio para introducir propuestas. De todos modos, valoró la voluntad de avanzar, aunque está el riesgo que la discusión se dilate y los avances se diluyan.
El principal logro, agregó, es el avance hacia un cambio de mirada del sistema, desde administrador de áreas protegidas, a uno de gestión a través de varias herramientas que permiten mejor conservación.
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