Uno de muchos. Así se podría catalogar el último quiebre en el directorio de SQM, en el que sus sus principales socios, Julio Ponce Lerou y la canadiente Potash Corporation of Saskatchewa (PCS), históricamente han mantenido una tensa relación.
La última fractura en la mesa se dio esta semana, en la que se vieron confrontadas ambas partes. Pero el poder al interior de la empresa por parte de Julio Ponce no es menor: elige a cinco directores (Patricio Contesse Fica, Hernán Büchi, Wolf von Appen y el independiente con votos del controlador, Juan Antonio Guzmán), mientras que PCS tiene tres puestos: Alejandro Montero, José María Eyzaguirre y Wayne R. Brownlee.
La diferencia es que ahora, por primera vez, la disputa no tiene como escenario el mercado ni tampoco involucra -directamente- el control de la compañía. En esta oportunidad, el problema amenaza con llegar a tribunales.
Esto porque actualmente PCS -que mantiene 32% de las acciones de SQM- está abocada a recabar todos los antecedentes necesarios para sustentar recursos, tanto penales como civiles, en contra el presidente de la minera no metálica.
Los argumentos guardan relación con la última arista que se desprende del caso Penta, que es el supuesto pago de boletas "ideológicamente falsas" para financiamiento de campañas políticas.
Los argumentos
Según trascendió, la canadiense podría interponer recursos por, entre varios motivos, mala administración y pérdida de capital de la sociedad.
La Ley de Sociedades Anónimas contiene una serie de disposiciones que hacen referencia a la administración de las compañías, entre las que destacan las prohibiciones a los directores que establece el art. 42 -aplicables también a los gerentes de acuerdo con el art. 50-, todas con el objeto de proteger "el interés social frente al interés personal del director o gerente"
El mismo art. 42 establece que no podrán: "Proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social, sino sus propios intereses o los de terceros relacionados; 2. Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de los ejecutivos en la gestión de la empresa".
Sale Contesse
Según afirman conocedores de lo que ocurrió en el directorio extraordinario del lunes pasado, la decisión de poner término al contrato del gerente general de la firma, Patricio Contesse, quien se había transformado en el principal punto de conflicto entre los accionistas mayoritarios de la empresa, fue ampliamente resistida por Julio Ponce Lerou. Después de todo, había sido su mano derecha por unos 25 años, y se conocen desde la universidad.
Pero esta salida, en la que no se habla de la "presentación de su renuncia" sino abiertamente de despido, también tiene su razón: así, según las mismas fuentes, el ex ejecutivo se aseguró una importante -"muy importante"- indemnización.
La guerra por el control
Desde un comienzo la relación entre Ponce Lerou y PCS fue complicada.
Los canadienses entraron en la propiedad en 2001, de la mano de las AFP, las que le vendieron 18% de la propiedad, equivalente a 33,35% de las acciones serie A (ésta elige siete directores y la serie B sólo uno).
Nada hacía presagiar que el quiebre llegaría en 2004, cuando Potash anunció la compra del 8,32% que Israel Chemical tenía en SQM, lo que desató la pugna por el control.
Esto porque de esta forma los canadienses quedaban como mayoritarios, y el empresario local decidió actuar con rápidez y salió a aumentar su posición en la serie A para alcanzar a su rival.
Pero esto no terminó ahí. Entre 2006 y 2007 se podría considerar el período de guerra de OPAs, en la que cada parte buscaba seguir aumentando su participación en las series A y B de SQM.
Todos los ojos del mercado estaban puestos en esta carrera, que tuvo como ganadora a PCS. Por un momento.
La razón está en que Ponce Lerou idearon una "fórmula" que hasta hoy le permite denominarse controlador de SQM: anunció un pacto de actuación conjunta con la japonesa Kowa, con lo que agregó un 2,3% a su participación.
Así, cuenta actualmente con los votos de poco más del 32% de las acciones.
Cómo se gestó la salida del histórico de SQM
Fue el 9 de marzo, cuando los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias, junto a seis funcionarios de la PDI llegaron a las oficinas de SQM y pidieron información contable. Se acordó una semana para entregar antecedentes.
Sin embargo, en una jugada que sorprendió tanto al mercado como a algunos directores de la minera no metálica, dos días después Patricio Contesse presentó una cautela de garantía ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, pidiéndo limitar la actuación del Ministerio Público, pero la empresa se desmarcó de esta acción, que fue rechazada.
De ahí, todo fue en picada para el ejecutivo, ya que el 12 de marzo, el directorio discutió el estatus de Contesse, quien se automarginó de la reunión. La empresa, con votos divididos, acordó pedir un informe jurídico para determinar la entrega de información a la Fiscalía.
Al final, en el directorio extraordinario, se decidió entregar al SII los antecedentes, y no a la Fiscalía. Además, se informó el despido del ahora ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.
Tribunal Constitucional detiene diligencias de la fiscalía en SQM
Por Miguel Bermeo
Al caer la tarde del lunes, el grupo de trabajo de fiscales que investiga el caso Penta, liderados por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, ingresó una orden al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para que conceda orden de incautar material contable de SQM, amparado en que podría haber "delitos defraudatorios", dice el documento.
Y aunque el juzgado tenía 24 horas para resolver el requerimiento, la diligencia quedó suspendida luego de que el Tribunal Constitucional (TC) diera curso ayer al requerimiento que presentó el ahora ex gerente general de la compañía, Patricio Contesse. El TC además fijó una audiencia para el 25 de marzo en la que presentarán sus alegatos tanto la fiscalía como Contesse.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la fiscalía decidió seguir adelante con la petición de orden de incautar, pues SQM decidió ayer entregaron de forma voluntaria la información, aunque no al ente persecutor que la pidió, sino que al Servicio de Impuestos Internos, lo que es visto por los fiscales como una negativa a su requerimiento. A esto, agregan, se suma que ven poco probable que el SII entregue de forma oportuna y completa la información que la fiscalía requiere.
Por su parte, el Servicio emitió ayer un comunicado respecto de los antecedentes aportados por SQM. En éste, señalan que "SQM presentó anoche (antenoche) en las dependencias de la Dirección de Grandes Contribuyentes un pendrive con información parcial con los antecedentes contables correspondientes a los años comerciales 2009 a 2014".
Además, señalan que "el SII hará uso de todas las normas legales, instrucciones vigentes y técnicas de auditoria que resulten aplicables para pesquisar operaciones que pudieran haber generado ventajas fiscales indebidas, y, en base a ello, redeterminar las bases imponibles e impuestos respectivos".
Si esto resultase en la detección de diferencias de impuestos "o ilícitos tributarios, el SII presentará las acciones respectivas ante los tribunales especializados o ante el Ministerio Público, según corresponda, para que se apliquen las sanciones que procedan de acuerdo con la ley", dice el SII.
Respecto de la detención de las diligencias en las oficinas de SQM, producto del proceso iniciado por el TC, cercanos a la investigación dicen que no es problema, pues hay muchas otras acciones que la fiscalía necesita realizar dentro del mismo caso, entre éstas la posibilidad de citar a los políticos que hasta ahora no han ido a declarar, Ena von Baer e Iván Moreira, entre otros.
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