En el marco del anuncio de la presentación de la Agenda de Productividad, la presidenta Michelle Bachelet, indicó que se enviará al Congreso un proyecto de ley de perfeccionamiento del sistema de defensa de la libre competencia.
Éste busca fortalecer la institucionalidad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) e incluirá el control preventivo de fusiones, mejoramiento de la delación compensada, aumento de multas y ajustes en el procedimiento de indemnización, entre otras materias, señala el documento.
Delación compensada
El tema de la delación compensada no es menor, teniendo en cuenta que la introducción de esta figura en 2009 auguraba que se convertiría en una herramienta eficaz para desmantelar carteles. Sin embargo, la apertura de causas penales, especialmente en el caso de colusión de farmacias, habría frenado que personas denuncien a través de este mecanismo.
De hecho, en la reciente cuenta pública del TDLC, Tomás Menchaca, presidente del organismo señaló en su discurso el poco uso que se le ha dado a la figura de la delación compensada, a través de la cual se obtienen beneficios en un proceso a cambio de la confesión de un acto ilícito. Menchaca dijo que llama la atención “la inexistencia de requerimientos por colusión en los que se haya utilizado el mecanismo de delación compensada introducido en el año 2009 y que ha resultado tan eficaz en otros países”.
Y agregó que las últimas demandas donde se utilizó la delación compensada fue hace casi tres años, en junio de 2011 y fue en relación al acuerdo de fijación de precios y reparto de frecuencias entre empresas de buses.
“Esto, puede tener su explicación en la incertidumbre jurídica que implica la persecución penal que se ha iniciado en contra de empresas acusadas de colusión, amparándose en una muy antigua norma del Código Penal, su artículo 285, de dudosa aplicación para casos de colusión”, explicó Menchaca.
El presidente del Tribunal de la Libre Competencia dijo que es necesario que esta incertidumbre pueda verse despejada prontamente, “con el fin de que haya una mayor certeza jurídica y de que la delación compensada, herramienta que en otras jurisdicciones ha demostrado ser muy eficaz en la lucha contra los carteles, pueda tener en Chile la eficacia que ha demostrado tener en otros países”.
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