A las 12.37, con una serie de documentos en mano, el presidente de SQM, Julio Ponce Lerou, abandonó la Fiscalía Nacional en pleno centro de Santiago, tras una larga declaración que comenzó cerca de las 9 horas.
Ponce se fue casi sin emitir declaraciones, sólo mencionó, al pasar, que estaba tranquilo ante las insistentes consultas de la prensa.
El empresario presentó su testimonio como imputado en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Nacional dentro de la arista del caso Penta, específicamente a raíz de la boleta pagada por su empresa a Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el 21 de julio de 2009, por
$ 8.333.334.
Según conocedores del caso, Ponce ha explicado que decidió no acogerse a su derecho a guardar silencio porque considera que es inocente de las acusaciones.
De hecho, cercanos al empresario, comentan que hace algunas semanas, cuando comenzó a desarrollarse esta arista del caso Penta, pero aún no tenía esta magnitud, explicaba que el cuestionamiento de la Fiscalía a algunos pagos a honorarios tenía poco sustento, porque había una mirada limitada a la búsqueda de informes o documentos que acreditaran la prestación de servicios, pero excluía exposiciones verbales y de otro tipo, por ejemplo.
Además, la terminología usada para describir el delito, de boletas ideológicamente falsas, no se estaría utilizando como generalmente se aplica en delitos tributarios.
Ante esto, en ese entonces, se mostraba con cierta confianza frente a cómo se desarrollaría el caso.
Más interrogatorios
Lo de ayer, anticipan algunos, será una tónica en los próximos días, donde se espera que más ejecutivos de la minera lleguen hasta el Ministerio Público para prestar declaración, en especial tras la querella presentada ayer por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
De hecho, tras la retirada de Ponce del Ministerio Público, llegó hasta el lugar el abogado Luis Hermosilla, quien cumple un rol asesor de SQM.
Según trascendió, acompañaba al abogado Enrique Olivares, de SQM, quien habría hecho uso de su derecho a guardar silencio, según explicaron conocedores del proceso.
Otro que ya ha pasado por el lugar habría sido Patricio Contesse, ex gerente general de la minera que salió de la firma el pasado 16 de marzo, quien en su momento optó por no prestar declaración.
En los próximos días podrían llegar a declarar el nuevo gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, y vicepresidente de Finanzas y Desarrollo, Ricardo Ramos.
Tribunal Constitucional
En otro de los frentes del caso, que se alberga en el Tribunal Constitucional, ayer el ministro Cristián Letelier decidió inhabilitarse de ver la causa presentada hace unos días por Contesse y que busca frenar la investigación que está llevando adelante la Fiscalía.
En la resolución emitida, el Tribunal Constitucional dice que el ex diputado se inhabilitó aunque, en su opinión, no debía hacerlo porque "no emitió opinión con publicidad o dictamen sobre el asunto concreto actualmente sometido a conocimiento del Tribunal".
De hecho, la sala rechazó una solicitud previa de la Fiscalía con este mismo objetivo.
El Tribunal Constitucional fijó una audiencia para mañana, a las 16:00 horas, en la que presentarán sus alegatos tanto la Fiscalía como Contesse, para dirimir la constitucionalidad de los actos del Ministerio Público.
"INVESTIGANDO EN EL AIRE"
Un duro cuestionamiento al Ministerio Público realizó el abogado Gabriel Zaliasnik en el informe que presentó al directorio de SQM la semana pasada. En su escrito de 17 páginas, el abogado dice que la Fiscalía no puede ir de oficio por tratarse de temas tributarios donde el SII tiene que dar pie a la investigación. Y da a entender que, aunque pudiera hacerlo -porque para delitos sí tiene esta potestad-, el hecho sobre el que se funda (la boleta de julio de 2009), no reviste las características como para iniciarlo. Está "investigando en el aire, y lo que es más grave, arrogándose -por sí y ante sí- potestades que el legislador entregó en forma exclusiva y específica al SII", dice el documento que fue publicado ayer por The Clinic.
Este informe contrastó levemente con el presentado por Luis Ortiz Quiroga, quien -según trascendió- habría concordado que la Fiscalía no tiene potestad tributaria, pero recomienda entregar los antecedentes porque para la Fiscalía sería fácil abrir una investigación por otro delito, como cohecho, y saltarse la necesidad de una querella del SII.
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