Por Miguel Bermeo Y Jéssica Esturillo
Un proyecto de ley ingresado en abril pasado sería el que estaría mirando con mayor detención el gobierno para realizar la reforma constitucional que reconocería al agua como bien de uso público. La moción fue presentada por los senadores Pedro Araya (Ind.), Alfonso De Urresti (PS), Guido Girardi (PPD), Antonio Horvath (Ind., ex RN) y Adriana Muñoz (PPD) y propone establecer en la constitución “el derecho al agua y su acceso en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas individuales y colectivas”.
El delegado presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, reconoció el lunes que gobierno evaluaba sumarse a una moción parlamentaria, haciéndole los cambios que fuesen necesarios.
El proyecto que estaría en la mira del Ejecutivo señala además que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas, incluidos los glaciares, sin perjuicio de las excepciones legales y de reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares de acuerdo a la ley”. Esto, explicó Girardi, propone que el dueño de las aguas en el país es el Estado y no los particulares.
Para mayor abundamiento, la misma moción propone eliminar el inciso final del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, el que señala que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
Expertos en la materia señalan que esta modificación libera al Estado de expropiar los derechos de agua; sin embargo, al no establecer el carácter del agua como bien de uso público, ésta quedaría como bien fiscal,por lo que el Estado debería regular cada uno de los usos que se le puede dar.
Esto contravendría el deseo de la presidenta Michelle Bachelet, quien en su discurso del 21 de mayo señaló que buscaría que el agua fuera un bien de uso público, algo que incluyó en un proyecto de su mandato anterior. En todo caso, Girardi explicó que la idea de los parlamentarios es que el gobierno opte por una fusión de las mociones de reforma constitucional en la materia del agua que están en el Congreso. Además, esperaría que el Ejecutivo ingrese indicaciones al mismo.
Por tanto, dicen entendidos, el establecer el agua como bien de uso público provendría de otra moción que ya esté en trámite o bien de una indicación sustitutiva del gobierno.
En todo caso, explicó Girardi, al tener el Estado el dominio de las aguas se optaría por cambiar los derechos de agua por concesiones, tal cual funciona hoy en la minería, donde el Estado es el dueño del recurso, pero otorga concesiones de explotación.
Otro punto del proyecto de los senadores que los expertos destacan como complejo es cómo se establecerá, cuánta es la “cantidad” y qué se considerará por “acceso” tal cual señala la moción que se debe garantizar como derecho.
Otras consideraciones
El proyecto de los senadores establece también que “el Estado deberá proveer de los servicios básicos necesarios para garantizar este derecho y el acceso al agua potable y el saneamiento”. En este punto, dicen entendidos, el gobierno tendría que actuar como una empresa sanitaria. En todo caso, Girardi explicó que esto podría hacerlo el Estado traspasando esta responsabilidad a una firma privada tal cual lo hace hoy.
Finalmente, también señala el texto que “la ley asegurará el manejo integrado de cuencas y de los acuíferos para armonizar su uso y acceso en forma participativa; y establecerá los requisitos mínimos para garantizar este derecho, las prioridades de uso de las aguas, favoreciendo el consumo humano, así como las condiciones para adquirir, ejercer, restringir y caducar los derechos otorgados sobre ellas”.
Expertos celebran que la moción establezca prioridad en el uso de las aguas, aunque explican que ello se podría realizar sólo donde aún queden derechos por otorgar, puesto que en afluentes donde se han otorgado los derechos de uso no podría aplicarse la norma.
Lo que dice el proyecto
DERECHO
"El derecho al agua y su acceso en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas individuales y colectivas. El Estado deberá proveer de los servicios básicos necesarios para garantizar este derecho y el acceso al agua potable y el saneamiento.".
PROPIEDAD
"El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas, incluidos los glaciares, sin perjuicio de las excepciones legales y de reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares de acuerdo a la ley.
PRIORIDAD
"La ley asegurará (...) Las prioridades de uso de las aguas, favoreciendo el consumo humano, así como las condiciones para adquirir, ejercer, restringir y caducar los derechos otorgados".
Primer PROYECTO DE BACHELET
En 2010 el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ingresó una reforma constitucional que también buscaba modificar la situación del agua en el país, aunque no afectaba "la certeza y seguridad jurídica de los propietarios de los derechos reales de aprovechamiento de aguas". El proyecto señala que "las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares". Además, indicaba que "la autoridad competente tendrá la facultad de reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico".
La iniciativa anterior de Girardi
En 2008 el senador Guido Girardi, junto a otros parlamentarios, también habían ingresado una moción para cambiar el derecho constitucional del agua. El proyecto señalaba: "Decláranse de utilidad pública, a efectos de expropiación, todas las aguas de la Nación y los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido". También indicaba que "la ley establecerá prioridades de uso de las aguas, así como las condiciones para adquirir, ejercer y caducar los derechos sobre ellas".
En todo caso, el senador señaló que ese proyecto no hacía mención de los glaciares, razón por la cual espera que la nueva iniciativa sea acogida.
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