Querellas criminales y demandas pasan a copar agenda en la crisis de La Polar

Por José Carlos Prado


El caiga quien caiga de César Barros durante la junta de accionista que votó el aumento de capital de La Polar no era sólo una frase tranquilizadora.

En representación de la compañía, el presidente del directorio presentó una querella criminal en contra del hasta ayer director, Pablo Alcalde; el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno; la ex gerente corporativa de administración, María Isabel Farah; el ex gerente general, Nicolás Ramírez, y todos quienes resulten responsables de la “declaración de antecedentes falsos y la disimulación de los estados financieros” de la empresa.

La renuncia de Alcalde 


La reacción inmediata vino desde el único acusado que permanecía en la empresa. El abogado Jorge Bofill comunicó la renuncia de Alcalde al directorio “para así poder trabajar con total independencia en su defensa, llegar a la absoluta verdad de este caso y limpiar su nombre”.

Esta decisión ayudaría a descomprimir el ambiente al interior de dicha instancia, pues ha trascendido que la presencia de Alcalde en las sesiones complicaba su accionar, sobre todo porque ya se le había solicitado su renuncia y éste se había negado.

Las pruebas


La acción judicial, aseguran fuentes, se terminó de configurar el pasado viernes, día en que se habría logrado establecer con pruebas que los ejecutivos estarían en conocimiento de toda esta situación.

De hecho, recalcan que la presentación ante los tribunales debe ser vista sólo como la primera acción de la compañía para esclarecer lo sucedido y que por tanto no se descartan interponer nuevas querellas.

En la indagatoria interna, se detectó la existencia de un software que de manera automática hacía la llamada “normalización” de las deudas de los clientes. Este, sostienen, era el mecanismo que se utilizó para administrar las repactaciones unilaterales que desataron el escándalo. El programa estaba habilitado desde 2009 y sería el punto cúlmine de una conducta que se había iniciado marginalmente en 2006.

Otras fuentes revelaron la existencia de una “cartera especial” que se había separado desde hace algún tiempo de la normal. Esto, por el alto nivel de morosidad que mostraba este grupo de clientes. Agregan que Julián Moreno, como gerente corporativo de productos financieros, era el encargado de este grupo y que se habrían establecido políticas para tratar de recuperarla. Lo que no se sabía, explican, era la magnitud real de esta cartera y tampoco sobre las repactaciones unilaterales.

El mensaje de Barros


La querella se ingresó al 2° Juzgado de Garantía y al respecto Barros recalcó que “desde que asumí hace una semana hemos dado inicio a una dura pero decidida etapa refundacional de La Polar que tiene como prioridad el resolver, de una manera justa, las situaciones que puedan haber afectado a todos aquellos clientes morosos que fueron repactados unilateralmente”.

Asimismo, agregó que la propuesta presentada al Sernac el viernes pasado busca equilibrar el costo que implica la respuesta que merecen aquellos clientes, con la necesidad de asegurar la viabilidad de la compañía. Esto es prioritario dijo, así como lograr los acuerdos necesarios con los accionistas, acreedores y proveedores que han sido afectados por estas malas prácticas.

HSBC no descarta vía judicial

Siguen los coletasos por el caso. Y es que los bancos no sólo están en una posición compleja, pues han debido aplazar los vencimientos de la deuda financiera de la multitienda con el sistema para evitar su colapso, sino que también algunas entidades están analizando eventuales acciones judiciales.
Una semana antes de que La Polar enviara el hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, el pasado 9 de junio, informando sobre el deterioro de su cartera, el banco de capitales ingleses, HSBC, le entregó un préstamo por US$ 11 millones. A raíz de ello, la entidad se encuentra analizando internamente alternativas para enfrentar la situación, entre las que no se descarta presentar una querella o una demanda contra La Polar.  Al 31 de marzo, la multitienda presenta una deuda financiera con la banca por US$ 300 millones.

Solicitud contra PWC

Al mismo tiempo, La Polar presentó una solicitud ante la justicia civil para preparar una acción contra PwC (ex PriceWaterHouse Coopers). Según explicó la empresa, la medida es por no haber detectado lo que estaba sucediendo durante todos los años que auditó a La Polar.
PwC no se refirió a este caso.
La medida civil se interpuso en la Corte de Apelaciones, tribunal que la asignó al 20° Juzgado Civil de Santiago.
En tanto, el estudio de abogados Barros & Errázuriz está prestando la asesoría legal a los ex directores Norberto Morita y Raúl Sotomayor. Ambos salieron de la mesa de la compañía a mediados
de 2009.