La opinión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) podría zanjar la disputa entre la estatal Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y unos de los operadores concesionados de ese terminal, TPS, controlada por el grupo Von Appen.
El conflicto se suscitó por la decisión del primer actor de pedir el traslado de los servicios del área logística fuera del puerto, lo que según estimaciones de la privada derivará en la pérdida de entre 300 y 500 empleos y en un alza de los costos de operación.
Hace unos días los trabajadores de las dos operadoras de la zona, TPS, ligada a Ultramar, y TCVAL, controlada por OHL, paralizaron sus funciones por el fin de esta labor, denominada aforo, que consiste en la revisión de las cargas limpias, la que según la propuesta será trasladada a la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL), que está alejada de la costa.
Frente a los reclamos, el Sistema de Empresas Públicas (SEP), del que depende EPV, estableció una mesa tripartita con los trabajadores portuarios agrupados en Cotraporchi y las operadoras. Sin embargo, los funcionarios se mantienen en "estado de alerta" a la espera de una resolución.
En el organismo sindical explicaron que en la cita se les comunicó que mañana el SAG entregará su parecer respecto del futuro de la prestación que originó la polémica.
El debate es si la carga puede ser chequeada fuera de las instalaciones del puerto. Este trabajo es realizado por personal de la Dirección de Aduanas y del SAG, pero la carga, descarga y movimiento de los contenedores depende de trabajadores del puerto.
La postura del SAG
Al respecto el director nacional del SAG, Ángel Sartori, en una carta dirigida al gerente general de TPS, Francesco Schiaffino, planteó que "según mandato legal, las mercaderías que pretendan ingresarse al país (...) deben ser revisadas por este Servicio antes de su nacionalización, en los puertos que se encuentran habilitados por el Decreto Supremo expedido por el Ministerio de Agricultura, Decreto vigente que incluye al Puerto de Valparaíso".
De los 15 mil contenedores que se aforan anualmente en Valparaíso, cinco mil corresponden a Aduanas y diez mil al SAG.
Ayer a la salida de la reunión de la mesa de trabajo, el presidente de EPV, Raúl Urzúa, reconoció que las relaciones con los trabajadores portuarios están rotas y que deben recomponerse. "Hoy en día TPS tiene un permiso provisorio para que afore la Aduana y si ésta considera que se puede revisar la carga en los recintos portuarios, TPS debería presentarnos un proyecto de inversión e infraestructura", apuntó.
Pese a lo anterior, la misma carta del director del SAG indica que "para el caso del Puerto de Valparaíso, es deber legal de EPV otorgar al SAG el uso de los inmuebles que permitan desarrollar con eficiencia y eficacia sus funciones mandatadas legalmente".
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