Su última carta se jugó ayer la defensa de la sueca SCA -ex Pisa- para intentar librarse de la multa por la colusión que llevó por diez años con CMPC en los alegatos finales ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Y es que en la exposición realizada por el abogado José Joaquín Ugarte, buscando una exención de la multa solicitada por la fiscalía -además de desacreditar la tesis de la papelera sobre la fecha de inicio del acuerdo entre ambas empresas-, se dio a conocer un contrato entre CMPC y D&S, por entonces controladora de Supermercados Líder.
En el documento se habla de un acuerdo que tiene por objetivo despotenciar el crecimiento de la marca propia A Cuenta y aumentar la cuota de mercado de los productos pertenecientes a CMPC hasta llegar al 76% de market share, a cambio de un pago de US$ 6,2 millones.
El contrato habría sido ocultado por CMPC al momento de delatarse, siendo liberado sólo tras la solicitud de SCA. El acuerdo fija incluso un calendario con las fechas en las que el supermercado debe realizar el alza de precios de sus productos y se condiciona a una duración de 28 meses a partir de diciembre de 2003.
Es con esta información que desde SCA buscan comprobar que el cartel que protagonizaron junto a CMPC habría sido posterior, comenzando recién en 2006.
Respecto a este último, Ugarte denunció que sería un caso más en la red de colusiones elaborada por la Papelera, aludiendo a la ocurrida en el mercado de los pañales desechables y comentó que “sería sumamente injusto que una empresa como CMPC que abusó, se vea beneficiada además por un premio que no se le imponga ninguna multa”.
El jurista declaró que la Fiscalía Nacional Económica no ha mostrado interés en los últimos antecedentes y aseguró que “con esto se les cae el caso, por eso no dicen nada al respecto”.
Por último, Ugarte aseguró que con la colusión del papel tissue, SCA no consiguió ganancias y que incluso vio caer sus márgenes, ya que se habría visto en todo momento coaccionada por CMPC, quienes habrían armado el acuerdo, e incluido sanciones, amenazas y un constante monitoreo.
La Papelera se defiende
En la empresa ligada a la familia Matte calificaron los argumentos de la defensa de SCA como “falsas declaraciones, que sólo vienen a ratificar la mala fe con la que han actuado durante todo el proceso” y agregaron que “lamentamos que la seriedad del proceso se vea enturbiada por una nueva estrategia comunicacional de SCA”.
En el ámbito judicial, la defensa de CMPC, encabezada por el abogado Cristóbal Eyzaguirre de Claro & Cia., insistió en que la FNE hace bien en otorgar el beneficio de la delación compensada a su representado, ya que fueron ellos quienes se presentaron primero ante la autoridad con los antecedentes respectivos.
Del mismo modo, insistieron en la tesis de que la colusión comenzó en el 2000, lo que se vería refrendando en una serie de correos internos e incluso actas de reuniones.
Otro de los temas expuestos por el jurista, fue el supuesto modus operandi que utilizaría la empresa sueca en los demás países en las que ha sido acusada por este delito, y que debilitarían los argumentos para acogerse a la delación compensada.
En ese sentido, se acusó de acotar los tiempos de la asociación, se mintió u ocultó información, y también se buscó proteger a ex ejecutivos. Respecto a esto último, se apuntó al rol que tuvo Gabriel Ruiz-Tagle, ex propietario de Pisa, a quien se le buscaría eximir de responsabilidades, ya que habría dejado la compañía justo en 2005.
Asimismo, la defensa de la Papelera solicitó que se aplicara de manera íntegra la multa correspondiente sobre SCA y que se niegue el uso de la coacción, para lo que presentaron estudios de tres expertos en la materia, que desbaratan la posición de la empresa sueca.
Finalmente, tras los últimos alegatos y con todos los antecedentes bajo su poder, se espera que el TDLC entregue su veredicto final en un plazo que no debería ser superior a los seis meses.
lA TRAMA DEL CARTEL
Fue en el año 2000 cuando Gabriel Ruiz-Tagle Corre (ex dueño de PISA, hoy SCA y propiedad de la sueca Svenska Celloulosa Aktiebolaget) y el entonces gerente general de CMPC Tissue, Jorge Morel, se encontraron en el Club de Golf Las Brisas de Chicureo para conversar y dar el punto de partida a un acuerdo de colusión que duró más de 10 años, según denunció la Fiscalía Nacional Económica.
El caso estalló el 28 de octubre de 2015, con el ingreso al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de un requerimiento por colusión contra las firmas, por acuerdos para "asignarse cuotas de participación de mercado y fijar precios de ventas de sus productos tissue".
La investigación comenzó en diciembre de 2014 y en marzo de 2015 CMPC se auto denunció ante la FNE. A través de la publicación de un hecho esencial reservado en la SVS, detalló que habían detectado a un grupo de ejecutivos participando en "acuerdos de coordinación" con la competencia.
En noviembre de 2015, el castigo público se hizo presente donde las ventas de otras marcas, que no participaban en la colusión, aumentaron 50%, según se consignó en ese minuto.
Además, las acciones de CMPC cayeron, perdiendo US$ 767 millones en la bolsa.
En noviembre se llamó a una mediación en conjunto con el Sernac, pero SCA decidió no participar, no así CMPC, que se sumó al proceso que terminó hace algunas semanas. El organismo estudiaba impulsar una demanda colectiva para resolver la situación de colusión y tener en cuenta compensaciones para los afectados, o sea, los consumidores.
En esta larga trama también hubo disputas de competencia entre dos organismos del Estado. Esto por los enfrentamientos que hubo entre los organismos antimonopolios y la Fiscalía Metropolitana Sur, que buscaba acceder al archivo confidencial del caso, pero cuya arista finalmente no prosperó.
El mismo Ruiz-Tagle, ex dueño de SCA, pidió a la FNE entregar todos los antecedentes reservados, intentando mostrar su inocencia. Por el otro lado, en diciembre de 2015, Eliodoro Matte, presidente de CMPC presentó su renuncia a la presidencia del Centro de Estudios Públicos, y más tarde también lo haría de su propia empresa.
A mediados de enero de 2016, se liberaron documentos que demuestran cómo ejecutivos de CMPC eliminaron información clave en el caso (correos electrónicos y minutas de reuniones): tiraron hasta computadores al canal San Carlos, borrando cualquier información que se pudiera encontrar. La instrucción que tenían era simple: "Eliminar todo tipo de información", según consta en declaraciones que hay en el proceso.
Tras un largo transitar de pruebas, informes y testigos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la FNE dio a conocer informes donde estimó el daño económico que produjo el acuerdo entre CMPC y SCA, situándolo entre US$ 225 millones y US$ 448 millones, dependiendo de la metodología que se emplee.
Aunque los alegatos finales estaban programados en principio para diciembre, se fueron corriendo y ayer se concretaron. Tras cerca de cuatro horas de exposiciones, el caso quedó listo para que el TDLC emita su fallo, donde el punto central será ver si se mantiene el beneficio a CMPC y una multa rebajada a SCA.
"Se traicionó la confianza que la sociedad les entregó"
En su declaración ante el TDLC, el fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, destacó la importancia de seguir robusteciendo el programa de delación compensada, y aseguró que "nos va a permitir de nuevo desbaratar carteles y poder incluso que se indemnicen a los consumidores que se vean afectados por estos".
La autoridad insistió en que en este caso en concreto "ambas empresas CMPC y SCA traicionaron la confianza que la sociedad les entregó y se cartelizaron".
Defendió las multas solicitadas por la propia Fiscalía y apuntó a que a pesar de los montos, ellos esperan que se declare la culpabilidad de ambas partes.
El fiscal se refirió a la precisión con la que operaron ambas compañías durante más de diez años, en los que debieron atravesar una serie de inconvenientes que comúnmente hace caer acuerdos como este, dentro de los que se incluyen el cambio de directores, de propietarios, la ponderación de los indicadores, y otros casos de colusión salidos a la luz pública, como el de los pollos, o el de las farmacias. "Esto es una película de principio a fin", puntualizó la autoridad.
Sernac busca asegurar compensaciones
Uno de los asistentes a la audiencia de ayer fue el director del Sernac, Ernesto Muñoz, entidad que actualmente participa en la mesa entre CMPC y organizaciones de consumidores mediante la cual, después de meses de trabajo, se logró llegar a un histórico acuerdo de compensación cercano a los US$ 250 millones.
Muñoz destacó la actitud de la Papelera, donde "aceptaron de inmediato el llamado del Sernac" y criticó a los ejecutivos de SCA, que "no se quisieron sentar a conversar siquiera, por lo que tuvimos que demandarlos en tribunales".
Del mismo modo, la autoridad sostuvo que con casos como estos "esperamos que se vaya permeando la cultura empresarial, no solamente respecto de tener todos los incentivos alineados para que las sanciones sean suficientemente altas para que estas colusiones no ocurran, sino que también que cada vez que esto ocurra, exista una compensación y una indemnización para los consumidores".
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