El último día de 2018 se publicó en el Diario Oficial la convocatoria para integrar la nómina de las comisiones arbitrales de concesiones.
En esta ocasión se escogerán diez abogados y cinco profesionales ligados a la economía, ingeniería o construcción, culminando así el proceso que tuvo su primera etapa a comienzos del año pasado. En cuanto a los plazos, la postulación concluirá el 10 de enero, mientras que la lista definitiva podría recién darse a conocer en los próximos meses.
Los requisitos
Se trata de un proceso bastante apetecido por los profesionales ligados a temas de infraestructura. Pero formar parte de este selecto grupo no es tan fácil.
Los que postulen no deben contar con ningún tipo de relación “con empresas concesionarias de obras públicas, sea como directores, trabajadores, asesores independientes, accionistas, o titulares de derechos en ellas o en sus matrices, filiales, coligantes o coligadas, o con empresas constructoras o de ingeniería subcontratistas de los concesionarios, ni haberlo estado en los doce meses previos a su designación”.
Otros requisitos son tener una destacada trayectoria profesional de al menos diez años.
Fuentes ligadas a la industria comentan que este es un puesto muy codiciado, no solo por el prestigio que otorga -pues da mayores garantías de la calificación profesional que tienen estos expertos comparado con el mecanismo anterior-, sino también por los sueldos ofrecidos.
Actualmente por cada obra concesionada se delega una comisión, la que está conformada por tres integrantes y donde al menos dos de ellos deben ser abogados.
Mientras que el presidente de la comisión puede tener un sueldo con un tope de 150 UTM ($ 7.252.950), los demás miembros no pueden tener honorarios mayores a 100 UTM ($ 4.835.300).
A diez años de que se creara este mecanismo, un total de 33 discrepancias han ingresado al panel técnico, siendo 2018 el año peak, con 11.
Origen de la comisiones
En noviembre de 2017 se modificó la Ley de Concesiones para dotar de mayor independencia a la conformación de las comisiones arbitrales que dirimen las disputas y controversias entre las concesionarias de infraestructura y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Lo anterior implicó pasar desde un sistema donde las partes elegían a su criterio a los abogados integrantes del panel, a un sistema donde solo pueden ser designados quienes son parte de la nómina de 20 abogados elegidos por la Corte Suprema y diez profesionales escogidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
De esa manera, en abril de 2018 se procedió a renovar a todos los miembros del panel que se encontraban en sus cargos desde 2011, y escoger a los primeros diez abogados y cinco profesionales que permanecerán en la nómina de expertos por un período de cinco años.
En aquella ocasión se nombró a abogados de la talla de Enrique Barros, Enrique Alcalde (PPU), Macarena Letelier, Enrique Rajevic, Patricia Arriagada, Mario Barrientos, Juan Eduardo Figueroa, Jaime Jara, Enrique Tavolari y Tomás Monsalves.
Mientras que el TDLC designó a Mauricio Gatica, Armando Espinoza, Carlos Mercado, Francisco Schmidt y María Cecilia Misu.
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