La tarde del lunes, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -representado por el Consejo de Defensa del Estado y asesorado por FerradaNehme- presentó antecedentes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que este organismo reconsidere su decisión de frenar la licitación del 50% de la flota del Transantiago.
El proceso fue paralizado el jueves luego de admitir a las solicitudes de las firmas de transportes Transanber y Santin, que acusan barreras de entrada ficticias y falta de información en el proceso, lo cual favorecería a los actuales operadores del sistema.
Según señaló el documento de la cartera dirigida por Paola Tapia, se han adoptado múltiples medidas para incentivar la competencia en el proceso, precisamente a través de la promoción del ingreso de nuevos oferentes nacionales e internacionales; y, asegurar la mejora en calidad y cobertura del servicio de transporte público que reciben los pasajeros de la ciudad de Santiago.
El escrito indica que entre las principales medidas contempladas en el proceso de licitación está el que el Ministerio modificó las unidades de negocio preexistentes, generando conjuntos de servicios más pequeños que los actuales, facilitando así la operación de los futuros concesionarios.
“Los cuestionamientos al proceso no tienen fundamento en los hechos y que se adoptaron medidas concretas para fomentar la participación de nuevas empresas”, aclaran.
En cuanto a la eventual falta de información, atendido el acotado plazo entregado para la presentación de propuestas, el Ministero señaló que “todos los plazos contemplados se han ajustado a la normativa vigente, incluso excediendo lo dispuesto en la ley”.
En el escrito se resalta que es “indispensable continuar con el proceso para introducir las mejoras en la calidad de los servicios que los usuarios legítimamente requieren y perfeccionar aspectos tan relevantes como la regularidad, cobertura y la renovación de la flota de buses”.
El Ministerio de Transportes aseguró que tiene total convicción que lo que corresponde hacer es avanzar con la licitación y que el peor escenario para el interés público, el bien común, y para los usuarios, es la prórroga de los actuales contratos de operación y la mantención del sistema tal como se encuentra hoy. “Ello, supondría un alto costo monetario para el país”, argumentaron.
Las empresas Transanber y Santín pidieron ordenar la detención del concurso, lo que se produjo a un día de la apertura de las ofertas económicas.
De este modo, el TDLC le otorgó 20 días a la primera de estas firmas para formalizar una demanda, mientras en el segundo caso el recurso fue acogido a tramitación.
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