Un proceso de puesta al día en las consultas para el ingreso de proyectos al sistema, realizó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
El director ejecutivo del organismo, Jorge Troncoso, explicó que en mayo pasado hicieron un catastro y detectaron que 656 de estas "pertinencias" estaban sin resolver y algunas de ellas databan de 2010, 2011, 2012 y 2013.
Según el registro del sistema, entre 2010 y 2014 ingresaron en promedio poco más de 2.400 consultas anuales.
Otro problema que salió a la luz tras la revisión fue la alta disparidad de enfoques y criterios aplicados al respecto entre las distintas regiones.
"A raíz de esto, llegaban muchos recursos jerárquicos que se elevaban cuando una dirección regional emitía una determinación y el titular recurría a la dirección ejecutiva", explicó Troncoso.
Tras ese análisis, el organismo se vio obligado a revocar muchas de las decisiones, lo que evidenció que había una situación que abordar. Se estima que el 82% de los pronunciamientos eran recurridos al nivel central del servicio, cifra que ha bajado drásticamente, porque en paralelo comenzaron a homologar enfoques y criterios.
Este proceso es parte de los compromisos que a fines del año pasado adquirió el gobierno, como parte de las medidas para agilizar inversiones.
Equipo de trabajo
Troncoso dijo que, tras reconocer lo que llamaban "deuda histórica" del servicio, hicieron un plan para resolver las consultas.
A nivel central se creó un área específica para abordar las consultas por pertinencia y en las regiones pusieron a profesionales a cargo de este tema, lo que ayuda a superar la urgencia y mantener un estándar en adelante.
El titular del SEA dice que se llegó a esta situación porque no se había dimensionado la demanda de trabajo que generan estos requerimientos. "No se le había dado la prioridad necesaria dentro de la configuración del SEA", dice.
Al mes, se estima que pueden ingresan del orden de 200 a 300 solicitudes. En enero y según registra el sistema llegaron poco más de cien.
Las regiones Metropolitana, Antofagasta, Biobío y Valparaíso son las que presentan la mayor demanda.
Aunque no hay plazos legales, el servicio se planteó como meta no sobrepasar los 70 días corridos para tener una respuesta a estas solicitudes.
Consultado sobre eventuales malos usos de la pertinencia, producto de que otros organismos del Estado solicitan este documento casi como un requisito legal, Troncoso reconoció que "hay un problema que estamos enfrentando".
"Una de las dificultades es que un conjunto de instituciones públicas, están requiriendo el 'certificado de pertinencia'. Eso no es algo que esté en la ley, ni en ninguna parte. Es un resguardo de los servicios y nosotros hemos planteado que no corresponde solicitarlo para que le entreguen un permiso a un privado", aseguró.
Además de eso, dijo que también se generó una sobredemanda porque los titulares consultan temas que, si se analizan, no son cambios significativos a los proyectos.
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